¿Madre hay sólo una? Una defensa de la Gestación Subrogada

 

 

Resulta imposible, en pocas líneas, dar cuenta de la cantidad de asuntos implicados en este, por desgracia, enconado debate. Por ello, me centraré en explicar las principales razones que me empujan a apostar por una regulación garantista de la gestación subrogada, no sólo con carácter altruista sino también comercial.

 

La primera razón parte de una obviedad: la prohibición no impide que esta práctica se realice; tan sólo la desplaza a países donde el respeto por los DDHH puede ser menor. Es el caso de Ucrania, un país con un Estado débil y graves problemas de corrupción; tan es así que solo cuatro años atrás estaba al borde de la bancarrota, inmerso en una revolución y en el posterior conflicto bélico con Rusia que todavía colea. En Ucrania la filiación no se establece a través de un juez, y son menores las garantías de que el consentimiento de las gestantes sea libre e informado. Un ejemplo de ello es el cierre de la clínica Biotexcom, por filiar a favor de una pareja italiana un bebé sin relación genética con ellos, lo que supone un caso claro de tráfico de bebés, investigación que ahora se extiende al periodo 2011-2018. Otro ejemplo interesante es el caso de la India, que hasta 2015 tuvo una legislación muy laxa, con escasos controles sobre la libertad de consentimiento, y donde las gestantes perciben menos de la cuarta parte del coste total del proceso. 

 

La falta de regulación y control del entramado de implicados que intervienen en el proceso aumenta la opacidad y el riesgo de vulneración de derechos. Cuando se firma un contrato de gestación subrogada en el extranjero se pone en marcha una maquinaria compleja de intermediarios de fiabilidad variable: desde las agencias que asesoran en el proceso, hasta las clínicas de reproducción asistida que con frecuencia son las que contactan con las mujeres gestantes pasando por los abogados, y laboratorios. Una regulación garantista en España aportaría transparencia a esta práctica, facilitaría su control y posibilitaría su acceso a las personas que cuentan con pocos medios económicos.

 

La segunda razón guarda relación con los conflictos que se están produciendo en la filiación de los hijos, donde se olvida el principio del interés superior del menor, dejándolos en un limbo jurídico. Un caso paradigmático fue el de una pareja homosexual valenciana, que motivó que la Dirección General de Registro y Notariado (DGRN) emitiera una resolución pionera el 18 de febrero de 2009, la cual resolvía favorablemente la filiación de sus hijos, nacidos por gestación subrogada en California. Dicha resolución fue cuestionada por la Sentencia 193/2010 del Juzgado de 1ª Instancia nº 15 de Valencia, el 15 de septiembre de 2010, que denegó la filiación a los padres, y posteriormente fue ratificada por la Audiencia Provincial. La sentencia fue recurrida nuevamente por los padres ante el Tribunal Supremo, quien desestimó el recurso el 6 de febrero de 2014, al considerar que la nulidad de los acuerdos de gestación que fija la ley 14/2006 sobre TRHA integra el orden público internacional español, por lo que resuelve negar la filiación.  No obstante, esta misma sentencia, a pesar del fallo, recomendaba la atribución de la filiación a favor de los padres en aplicación del interés superior del menor que a estas alturas tenían seis años, lo que habría supuesto separarlos de ellos. Parece difícil dar una salida estable y duradera a este problema en tanto se considere esta práctica alegal. [i]

 

La tercera razón es la defensa de la autonomía de las mujeres en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Vivimos en sociedades fuertemente  mercantilizadas, donde predomina el interés económico sobre otras consideraciones. Qué duda cabe que no todo debe ser objeto de compraventa. Por ejemplo, los órganos no deberían poder ser mercantilizados, ya que su donación supone una pérdida de integridad física - lo que no sucede en el caso de la donación de gametos o la gestación subrogada. En otros casos, estas relaciones de compraventa, deberían estar bajo control público por tratarse de bienes esenciales para la vida del conjunto de la ciudadanía (luz, agua…).

 

Desde las posiciones críticas a la regulación de la gestación por sustitución, se afirma que aceptar esta práctica supondría cosificar a las mujeres - no en vano la denominan como “vientres de alquiler”. A ello se puede alegar que lo que nos convierte en objetos es que se nos niegue nuestra autonomía y por tanto, la condición de sujetos. Por otra parte, creo más ajustado a la realidad hablar de que lo que se “alquila” en este caso, no es el vientre sino la capacidad de gestar. ¿Alquilamos nuestro cuerpo cuando trabajamos en otras actividades o “alquilamos” capacidades? ¿No interviene el cuerpo en otros trabajos y servicios que realizamos por dinero? ¿Acaso sólo interviene el útero? ¿No intervienen otras partes del cuerpo, sistema endocrino, metabólico, circulatorio…?  

 

Sitúo los límites de la mercantilización en el respeto a los derechos humanos. En el caso de la gestación por sustitución, ¿qué derechos humanos se infringen? ¿El problema está en la práctica o en las condiciones en las que esta se realiza? Se suele afirmar que la gestación por sustitución es contraria a la dignidad pero, ¿qué es la dignidad? Sin duda se trata de un concepto escurridizo. Según la jurisprudencia constitucional, “la dignidad es el valor espiritual y moral inherente a la persona, íntimamente vinculado al libre desarrollo de la personalidad y a los derechos a la integridad física y moral, a la libertad de ideas y creencias, al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión de respeto por parte de los demás.” [ii] Así pues, la dignidad es inseparable del concepto de libertad por lo que negar la autonomía de las mujeres a decidir no parece que sea el mejor camino para salvaguardarla. Desde el movimiento feminista hemos tenido que luchar mucho para avanzar en el reconocimiento del derecho de las mujeres a su autonomía, en especial en el ámbito sexual y reproductivo. Derecho que debe ser respetado no sólo cuando las mujeres escogen opciones que compartimos sino también cuando eligen opciones que no compartimos o rechazamos [iii]. 

 

Desde el feminismo postcolonial y desde la intervención social comunitaria se ha alertado sobre los riesgos de sustituir o fijar desde fuera, los intereses y necesidades que tienen las personas, desde una mirada paternalista, uniformizadora y victimizadora, que desconsidera las estrategias y opciones que escogen las mujeres para mejorar sus condiciones de vida. Resulta difícil entender que se nos considere autónomos para decidir si queremos rechazar tratamientos que pueden suponernos la muerte o interrumpir una gestación, pero no lo seamos para decidir sobre nuestra capacidad de gestar.

 

Soy partidaria de regular la gestación no sólo con carácter altruista sino también con carácter comercial. ¿Qué hay de ilegítimo en que lo que motive esa decisión sea el dinero? ¿Acaso las mujeres debemos, en correspondencia con el mandato patriarcal, ser seres para otros pero no para nosotras mismas y para nuestros intereses? (Otra cuestión es cómo y de qué manera regular la gestación por dinero a fin de asegurar que el consentimiento sea realmente informado, así como que los derechos de todos los implicados sean respetados, y en particular de los y las menores, y las gestantes.)


Hablamos de un tema sensible. Entiendo que hay diversas formas de vivir la gestación, que los vínculos que se establecen con el feto son también diversos, y que esto genere rechazo y reticencias. Pero en una sociedad con pluralidad ética no se deberían limitar el ejercicio de valores fundamentales, como la libertad y la autonomía, en ausencia de daños a terceros y respeto a los derechos humanos.

  

 

[i] Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). Art. 10: 1) Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero y 2) La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto.

 

[ii] STC 53/1985 de 18 de mayo de 1995


[iii] Sin duda, la autonomía está limitada en sociedades donde prima el interés monetario de una minoría por encima del bienestar del conjunto de la ciudadanía, y donde muchas personas cuentan con escasos medios de subsistencia, o en sociedades patriarcales en las que se mantienen estereotipos, mandatos o expectativas de género que dificultan el ejercicio de la autonomía. Ahora bien, todos estos condicionantes no la anulan, sino que meramente limitan el rango de opciones.  

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