Cataluña, tierra de los valientes

28/09/2018

Oh, say can you see by the dawn’s early light
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars thru the perilous fight,
O’er the ramparts we watched were so gallantly streaming?...

 

 

Hay un lugar en el mundo, más allá del Medio Este estadounidense, en el que ondean por doquier barras rojas y estrellas blancas sobre fondo azul. Y en el que, de forma orgullosa, se “saluda” a estas banderas tanto al crepúsculo nocturno como al matutino. Hogar de los bravos y los valientes, desde el Alt Empordà hasta les Terres del Ebre, no hay rincón en el que no quede claro cuál es, de forma bastante probable, la bandera deseada o que identifica a una buena parte de la población-si no la mayoría- por esos lares.

 

La Estelada, prima hermana de la bandera cubana -de la que se dice, y desde luego parece, que proviene – es, si somos escrupulosos y serios, el símbolo o bandera que representa a la mayor parte de la población de Cataluña en muchas zonas. No tanto por el hecho que podamos afirmar que el 80% de la población de la comarca, por ejemplo, del Pla de l’Estany[1] prefiere la independencia como opción política, sino porque, si hacemos el ejercicio a la inversa: ¿Qué porcentaje de población de estos lugares podríamos afirmar que se siente representado por la Roja y Gualda monárquica, al margen de que no lo hagan con la Estelada? Seguramente, uno realmente ínfimo.

 

En ese sentido, no es de extrañar la proliferación desde 2012 de Esteladas visibles en el espacio público. Aunque los lugares en los que éstas se ubican varían notablemente, estilosas rotondas recargadas, balcones exteriores y farolas son los lugares más comunes en los pueblos. Es más, tampoco es raro que el municipio que va a celebrar sus fiestas locales en estas fechas se “engalane” especialmente, añadiendo, en muchos casos, al tradicional folclore catalán, unas decenas de Esteladas por aquí y otras decenas por allá.

 

Con este panorama, no podía tardar en llegar la judicialización del asunto. Así, el 6 de mayo de 2015, en el marco de las elecciones municipales de esa primavera, la entidad Sociedad Civil Catalana (SCC) presentó un escrito solicitando a la Junta Electoral Central que declarara que la presencia de estas banderas en edificios y espacios públicos era incompatible con la obligación de neutralidad de los Poderes Públicos y que, con ello, favorecía la formación de opinión a favor de aquellas opciones políticas que propugnan la creación de un Estado independiente en Cataluña. La Junta Electoral Central se da por enterada y, a los cinco días, presentó la extinta Convergencia i Unió un escrito interesando la desestimación de las pretensiones de SCC. Total, la Junta Electoral da la razón a SCC y, tras el correspondiente e infructuoso recurso de reposición de CiU y las pertinentes actuaciones procesales, acaba conociendo del tema el Tribunal Supremo.

 

Así pues, ¿cuáles fueron, sucintamente, los argumentos de una y otra parte? Por un lado, SCC argüía que las Esteladas en estos espacios vulneraban el principio de igualdad en el sufragio consagrado en el art. 14 de la Constitución, en relación el propio art. 23 del texto. Este argumento se sustenta esencialmente en tres premisas: a) Que los Poderes Públicos tienen la obligación de velar por la neutralidad del espacio público, b) Que la Estelada es un símbolo partidista (que es diferente al hecho de que no represente a la mayoría de la población, como perfilará luego el Supremo), c) Que la presencia de esta bandera en el espacio público puede influir en la conducta electoral de la población, rompiendo la neutralidad.

 

 

Sobre la premisa a) existe un amplio consenso. Pues parece lógico que en pro de garantizar unas elecciones lo más “asépticas” posibles, las instituciones no deberían poder tomar parte por una porción de los representados, cuando se supone que representan a la totalidad. Esto es algo común en los autodenominados Estados de Derecho, y no se llega a poner en tela de juicio en ningún momento. El auténtico problema estriba aquí en los puntos b) y c), especialmente en este penúltimo.

 

Pero vayamos por partes, ya que al escrito de SCC contestó CiU como anticipábamos. Sus principales argumentos fueron que la Estelada no vulneraba el principio de igualdad porque: 1º No es una bandera partidista y 2º Los Ayuntamientos y concejales no hacían otra cosa que acatar los acuerdos de sus plenos y, con ellos, la voluntad popular. No se trataría así de una bandera partidista, pues no es propia de ningún partido concreto y, además, se enmarcaría en la libertad ideológica y de expresión recogida en los arts. 16 y 20 de la Carta Magna.

 

Como es de ver, el argumento n. º 1 expuesto por CiU choca frontalmente con lo expuesto en lo que hemos definido como “premisa b)” de SCC. Y si bien no discuten los convergentes la necesaria neutralidad del espacio público, sobreponen a éste los acuerdos plenarios de los Ayuntamientos. Es decir, según CiU el mandato electoral local debe prevalecer sobre un principio democrático, aceptado por este mismo partido, como es la neutralidad de los poderes públicos. Sin duda, esta ordenación de valores sería calificada por muchos como populista (suponemos que con una carga negativa en el término). Por otro lado, también es dudoso, como pone de relieve la Junta Electoral Central, que los sujetos de la libertad de expresión sean no sólo los ciudadanos sino también las instituciones.

 

Así las cosas, en una breve sentencia de fecha 28 de abril de 2016[2], el Alto Tribunal, después de abordar aburridas disquisiciones sobre cuestiones de legitimidad procesal, entra a valorar el fondo del asunto, coincidiendo en gran medida con lo expuesto por el Ministerio Fiscal. A saber:

 

  1. La Administración Pública ha de seguir escrupulosamente los principios de objetividad, legalidad e interdicción de la arbitrariedad. (Con base en los arts. 9.3 y 103.1 CE, art. 6 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local).

  2. Esta exigencia se agudiza en los períodos electorales, como en el que se encuadra el objeto del litigo. (Con base en los arts. 68.1, 69.2 y 103 CE, y 8.1 y 50.1 LOREG, y jurisprudencialmente en la STS de 18 de junio de 2014[3].)

  3. El término “Partidista” no hace referencia al hecho de “pertenecer a un partido concreto”, sino a, simplemente, ser incompatible con el deber de neutralidad y objetividad de los Poderes Públicos y Administraciones.

  4. La Estelada representa a tan sólo una parte de la ciudadanía, y es reivindicada por una determinada opción política muy concreta. Por ende, por muy relevante y válida que sea, no es símbolo en ningún caso de neutralidad y objetividad.

  5. El argumento anterior no opera a la inversa. No es reversible. Es decir, no es válido alegar que la Roja y Gualda no representa a todos los catalanes, pues estos se hayan sujetos a ella en virtud de la legalidad vigente, mediante unos cauces legales específicos y democráticos. Por lo que en, tanto que estén sujetos en abstracto al principio de legalidad, se hallan sujetos, en concreto, a la Roia y Gualda, no así a la Estelada.

  6. Que en los plenos de los Ayuntamientos se vote democráticamente no significa que puedan saltarse la legalidad vigente. El hecho de que una decisión se adopte por mayoría no implica que ésta pueda aplicarse cuando es contraria a Derecho. Pues, “Derecho y Democracia” van de la mano.

  7. Es jurisprudencia consolidada que "las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el art. 20 CE (por todas, SSTC 244/2007, de 10 de diciembre; 14/2003, de 28 de enero; 254/1993, de 20 de julio, entre otras)”. Y aun considerando que pudiera verse vulnerado el derecho a la libertad de expresión de alcaldes y concejales, supuestos titulares, estos ni siquiera están personados alegando esta vulneración, sino que es la actora es una “una federación de partidos políticos que ni siquiera concurría como tal a ese proceso electoral.”

               

En síntesis: en la “primera ronda” judicial sobre el uso de la Estelada en lugares públicos, los detractores de su uso ganan por goleada. Ahora bien, esta controversia no termina aquí, aunque podría haberlo hecho si, tal vez, el TS en lugar de ser tan escueto hubiera aprovechado la ocasión para pronunciarse con mayor profundidad y rigor sobre el tema. Creo que lo entenderá el lector fácilmente. Por ejemplo, y entre muchos otros asuntos: ¿Qué diferencias hay entre la ubicación de Esteladas y asimilados en el espacio público por aquellos que “pertenecen a una institución” y quienes no? ¿Significa esto que fuera del período electoral se podrían ubicar Esteladas en estos espacios? ¿Si estuviera recogida la Estelada legalmente como símbolo propio de Cataluña se le podría dar este uso? ¿Y qué ocurre con la utilización de esteladas por parte de concejales y alcaldes en el ejercicio de sus funciones? ¿Sí que podrían alegar éstos el art. 20 CE? Vistos todos estos interrogantes que subsistían tras la STS 1841/2006, era de esperar que el conflicto jurídico se prolongara. Prueba de ello es la Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo N. º 2 de Barcelona N. º 242/2016[4], en la que se lidia con el caso de la colocación de una Estelada, por parte del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, en la plaza Lluís Millet, con coste para el Erario local de 6019,75 €.

 

La primera cuestión de fondo que se analiza en esta sentencia es, como era previsible, el tema de qué es y qué no es espacio público. A tal efecto, la parte demandada, el Consistorio de Sant Cugat, intenta defender que la STS de 18 de abril de 2016 - que hemos visto anteriormente y que tiene mucha importancia en este otro caso – tan sólo recoge la interdicción de que las Esteladas, que identifica como símbolos partidistas, ondeen en edificios públicos sin que haya problemas para que se encuentren en los espacios públicos. Es importante destacar que el Acuerdo de 15 de mayo de 2015 de la Junta Electoral de Terrassa, establece precisamente esta diferenciación a la que posteriormente se adhiere el Ayuntamiento de Sant Cugat. Una vez hecha esta separación, la Junta Electoral se negó a dictar la retirada de la Estelada de la plaza Lluís Millet, desestimando, en este caso, la solicitud de SCC.

 

No obstante, esta diferenciación no convenció a la juzgadora, que rebatió:

 

Es cierto que la Junta Electoral de Zona de Terrassa […] al entender que no estaba colocada en un edificio público ni en un local electoral, pero esa interpretación no se comparte por esta juzgadora. En efecto, limitar el concepto de “edificio público” estrictamente a un elemento constructivo con paredes y techo -tesis que parece desprenderse de la posición mantenida por la demandada-, tampoco se ajusta a la definición que de ese concepto hace la Real Academia Española (“construcción estable hecha con materiales resistentes para ser habitada o para otros usos”), ya que el mástil colocado en Sant Cugat, también encaja en esa definición (sin duda alguna es una construcción estable, y está hecho de acero, material altamente resistente, que tiene un uso distinto del de ser habitado), y además esa interpretación no resulta acorde con la cuestión que le había sido planteada a la Junta Electoral.

 

Sorprendentemente, de todas las líneas de argumentación o definitorias sobre lo que constituye o no espacio público, los actores y la juzgadora prefieren enzarzarse en determinar si un mástil, en sí mismo, es espacio público o no. Lo cual, a modo de ver de quien escribe estas líneas, difícilmente podría ser más desacertado, pudiendo establecerse otros criterios mucho más útiles, jurídicos y consistentes más allá del “ser (o no) una construcción estable”: ¿Es el mástil o, en definitiva, el lugar donde se iza la bandera propiedad del Ayuntamiento? ¿Se encuentra a la vista de todos? ¿Depende del Ayuntamiento que esté o deje de estar esa bandera en ese lugar? ¿Supone la bandera un coste para las arcas municipales? Sí, sí, sí y sí. Por lo tanto, ¿es necesario entrar a dirimir sobre la dimensión estrictamente material de lo que es el espacio público cuando existen múltiples criterios para determinarlo (Propiedad, ubicación, plena disposición, coste…)

 

Sin embargo, es mucho más clara y coherente la sentencia cuando afirma:

 

«“En otras palabras, si la bandera “estelada” es un símbolo partidista, ninguna administración podrá colocarla en edificios, mobiliario urbano y espacios públicos en general”. Esto resulta lógico, una vez determinado que la Estelada es un símbolo partidista o que, al menos, no representa a los catalanes en su conjunto».

 

Aunque atención, pese a que esta premisa es coherente y válida, conduce a que no se pueda colocar en un edifico o espacio público ningún símbolo como, por ejemplo, la bandera LGTBI, pues habría – desgraciadamente – quien acogiéndose a este argumento podría esgrimir que es un símbolo partidista o que, al menos, no representa ni mucho menos a la totalidad de la población. Por lo demás, la Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo N. º 2 de Barcelona N. º 242/2016 nada más que viene a reproducir la STS 1841/2016. Una pena, porque seguimos careciendo de una auténtica y completa definición jurisprudencial de lo que es el espacio público. (Más allá, claro está, de la remisión a lo establecido por la RAE que parece también, a todas luces, insuficiente para ponderar a la hora de verdad la situación de la Estelada en Cataluña.)

 

Se preguntaba hace poco Iñaki Gabilondo, en su firma en El País el pasado 11 de septiembre de 2018: ¿Qué ha sido de la Señera? ¿Dónde se encuentra? Ni está, ni se la espera. Fuera del ámbito jurídico, resulta sobrecogedor cómo la sociedad catalana (o buena parte de ella) ha renunciado a la Señera sin mirar atrás. Es obvio que la Estelada no es la bandera de todos los catalanes. Como también parece obvio que la bandera de España (la Roja y Gualda recuperada el día 15 de agosto, Santa María de los Reyes, de 1936 por el General Franco en Sevilla) no es política y sentimentalmente la bandera de todos los catalanes.

                       

Sería interesante que en las famosas encuestas preelectorales del CIS y del CEO, se incorporara una pregunta: ¿Cuál es la bandera que a usted le representa? O, entre estas banderas, ¿cuál le representa más o menos? Esto nos permitiría, de una forma directa, sin tener que contar banderas en balcones, averiguar cuál es el sentir mayoritario respecto a las insignias de catalanes y españoles en general.

 

Si me permite el lector, me atrevería a aventurar que más gente en Cataluña se siente representada con la Estelada o, en su defecto, con la Señera, que no con la Roja y Gualda. Por supuesto, no dispongo de datos que así lo avalen, pero teniendo en cuenta el escaso nacionalismo español que profesa parte del electorado del PSC, así como del variopinto Podemos de Cataluña, difícilmente se podría afirmar que, de esa actual mayoría no partidaria de la independencia, todos se sienten identificados con la bandera de España. Lo contrario sucede en el otro “bloque”, donde, a nivel simbólico, parece haber una mayor cohesión en torno a la Estelada, sea en su versión “liberal” o en su versión más izquierdizante (toda roja y amarilla).

 

Visto lo visto, aunque el “sector” Estelada no dispone de mayoría suficiente (ni de apoyo en el Congreso) para reformar el Estatuto tal que se introdujera la Estelada como símbolo oficial de Cataluña, tampoco sería totalmente descabellado que se intentara avanzar en este sentido. Por ejemplo, mediante la modificación de los diversos símbolos locales de Cataluña, competencia de la Comunidad, regulada actualmente por el Decreto N. º 139 de 26 de junio de 2007 y que, mediando connivencia entre el Ayuntamiento Independentista y la Generalitat, podría suponer un salvoconducto jurídico para que se pudiera seguir izando la Estelada en el Consistorio, previo “tuneo” de la bandera municipalNo obstante, esto sería algo - al parecer de quien escribe este artículo - lamentable. Como lo es la apropiación de las instituciones por parte de unos pocos, sea en el Vallés o en Aranjuez. Especialmente, como sucede en Vilobí d’Onyar, donde a través de Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento el 25 de octubre de 2012 se decidió: "Issar una estelada en un punt visible de cadascun dels nuclis urbans del municipi... i que hi romangui fins el moment en què el nostre poble assoleixi l'independència".

 

Vaya uno a saber cuándo será eso. Esperemos que no se cumpla aquella lapidaria y profética afirmación en las Cortes de Manuel Azaña, en su famoso debate con Ortega y Gasset, que decía: “Vendría a ser, sin duda, el pueblo catalán un personaje peregrinando por las rutas de la historia en busca de un Canaán que él solo se ha prometido a sí mismo y que nunca ha de encontrar.” Porque sin duda, de cumplirse, las arcas del pueblo catalán no ganarían para esteladas. Aunque quizás, para entonces, tengamos una construcción jurisprudencial al fin consistente sobre lo que es, o no es, espacio público.

           

 

 

[1]https://www.lavanguardia.com/politica/20180909/451713170854/el-independentismo-concentra-el-mayor-nivel-de-apoyo-en-las-zonas-con-menor-poblacion.html

[2] Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 7ª, N. º 1841/2016, Recurso N. º 827/2015.

[3] Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 7ª, Recurso N. º 555/2012.

[4] Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona N. º 2, Sentencia N. º 242/2016, Recurso Ordinario N. º 34/2015 de fecha 22 de julio de 106.

 

 

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