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El recurrente debate sobre los aforamientos -para los más despistados, una excepción en las normas de competencia que conlleva que a determinadas personas solo las juzgue tribunales superiores- ha renacido con más fuerza que nunca a raíz de la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer una blitz-modificación constitucional, en su blitz-legislatura. De lo que he podido leer parece que prácticamente todo el mundo está a favor de la supresión de este “privilegio”, porque claro, si (casi) no lo tienen los alemanes, ni los americanos, ni los… pues hombre, no vamos a ser menos (o en este caso más). Temo el día en que estos articulistas descubran que en esos sitios llueve mucho y se come mal, pues acabarán por proponer un cambio legislativo en ese sentido. Ojo, no es que estas continuas comparaciones con otros países de nuestro entorno ofendan mi “españolidad”, en absoluto. Yo mismo me describiría como un afrancesado, como se decía antiguamente. Ahora bien, esto no es excusa para pasar razonamientos tan ligeros como los anteriores -”ah es que todos mis amigos lo tienen”- y como los que rodean esta cuestión que, como se verá, no es tan sencilla como Twitter nos podría hacer creer.

 

En The thing Chesterton expuso el siguiente principio (que hoy conocemos como “Chesterton Fence”):

 

In the matter of reforming things, as distinct from deforming them, there is one plain and simple principle; a principle which will probably be called a paradox. There exists in such a case a certain institution or law; let us say, for the sake of simplicity, a fence or gate erected across a road. The more modern type of reformer goes gaily up to it and says, “I don’t see the use of this; let us clear it away.” To which the more intelligent type of reformer will do well to answer: “If you don’t see the use of it, I certainly won’t let you clear it away. Go away and think. Then, when you can come back and tell me that you do see the use of it, I may allow you to destroy it.

 

Tomada muy en serio la idea anterior es insostenible. Solo un carácter muy conservador (como el del propio Chesterton) podría pretender cargar siempre con el peso de la prueba al reformista. Y es que los debates más sanos y productivos son aquellos en que no existen pesos (de prueba) que lastren la discusión, estando cada interlocutor en igualdad de oportunidades y forzado a demostrar sus pretensiones. Aun con todo, es evidente que posicionarse en relación a los aforamientos requiere entender por qué surgieron, a qué responden, y si tales razones se mantienen aún hoy en pie, si es que no han surgido otras de nuevas, claro está.

 

Conscientes de todo ello los críticos antes mencionados -o al menos los más lúcidos- recuerdan el origen moderno del aforamiento (así como de la inmunidad y la inviolabilidad), que surgido al calor de las revoluciones liberales sirvió como una medida de defensa ante los embates del Antiguo Régimen. Sin embargo, cuando el poder del monarca ha desaparecido casi por completo, ¿qué sentido podrían tener? Sus defensores aducen diversas razones que ahora consideraré. Con todo, y con independencia del resultado que tales valoraciones puedan conllevar, debe tenerse claro que la “desigualdad” que el aforamiento conlleva no es, por sí mismo, motivo alguno en su contra. En efecto, la desigualdad sólo debe extirparse cuando no responde a una razón suficiente.

 

Pues bien, sus defensores aducen que profesiones como la de parlamentario (fiscal, juez [1], etc) son especialmente propensas a la creación de enemigos; unos enemigos que fácilmente pueden verse tentados de usar el derecho de forma maliciosa para llevar a cabo diversas vendettas personales o impulsar intereses políticos partidistas. (Un temor que en España, que recoge la acusación popular, y donde las manos no siempre están limpias, no parece descabellado.) La idea sería entonces que un tribunal como el Supremo o los TSJ 1) estarían menos inclinado a dejarse influir por presiones de todo tipo y que 2) serían más capaz de distinguir las denuncias legítimas de las mera artimañas.

 

Para los críticos un planteamiento así es motivo de indignación, porque implicaría poner en tela de duda la independencia y profesionalidad judicial, y presuponer que el humilde juez de instrucción de pueblo -su señoría-, es menos íntegro e insobornable que el magistrado del más alto Tribunal -excelentísimo señor. La indignación es comprensible -y del todo esperable en este país de hidalgos-, pero lo cierto es que no se puede descartar un argumento en base a un ideal. Al contrario, habrá que verse si los temores anteriores son fundados. Habrá que ver si de verdad existen motivos para pensar que el TS es, para estos casos, más fiable -tanto en lo que atañe a 1 como a 2- un Juzgado de Instrucción. Algo que, de otra parte y en cierto sentido, ya hacemos. Y es que sino creyéramos que el TS es -al menos teóricamente- más fiable que los otros órganos inferiores, no habría una pirámide jurisdiccional. Pero si el TS puede enmendar la plana a cualquier otro tribunal ordinario será porque, ni que sea sobre el papel, algo más sí que sabe. Luego, si queremos descartar 1 y 2, deberemos aportar motivos, y no deseos o ideales (según los cuales cualquier juez es tan bueno e independiente como cualquier otro). ¿Es de verdad más corruptible o influenciable un juez ordinario? ¿Detectan realmente mejor las ‘querellas políticas’ unos tribunales que otros? ¿Podría simplemente mejorarse los “filtros” en las instancias inferiores? Habría que verlo.

 

Ahora bien, lo cierto es que existen buenas razones contra 1 y 2. Y es que pocos órganos judiciales deben estar más presionados e influenciados que el TS que, Consejo General del Poder Judicial mediante, ¡ve a sus miembros escogidos por el propio Legislativo! Asimismo, también cabe argumentar que si bien el TS cuenta -a priori- con la crême de la crême judicial, está también compuesto por gente que puede llevar sin instruir un caso muchísimos años, mientras que el humilde juez de instrucción de pueblo los puede tener “pelaos” de investigar casos y casos, día sí, día también. En este sentido, y tal y como exponen los críticos, con el actual sistema un juez podría verse inclinado a no imputar a un aforado a fin de que su causa, en la que puede llevar trabajando duramente muchos meses, se la “quite” otro tribunal (una tendencia que, de ser cierta, avalaría las dudas que algunos tienen en relación a los jueces “inferiores”). Además, que sea el propio TS quien instruya y juzgue -aun cuando, obviamente, fueran personas distintas las encargadas de tales tareas-  parecería debilitar el (garantista y deseable) principio acusatorio que impera en nuestro sistema.

 

Ahora bien, en rigor, las anteriores observaciones no serían suficientes para desbancar al aforamiento. Por ejemplo, podría argumentarse que este debe prevalecer y que aquello que debe cambiarse es la forma en que se escogen a los miembros de los tribunales superiores. Igualmente, podría argumentarse que la instrucción del caso sí se enviara a un juzgado ordinario, pero que el enjuiciamiento se mantuviera “elevado”. Podría incluso proponerse que se creara una sala especial y totalmente independiente dedicada a la instrucción, compuesta por miembros expertos en la materia, aunando así lo mejor de cada mundo.

 

En otro orden de cosas, los (pocos) defensores del aforamiento acostumbran a destacar que, bien mirado, esta institución supone más bien una carga que una ventaja, en la medida en que priva a uno de posibles segundas instancias. Algo cierto pero que de ninguna manera constituye un buen argumento. Y es que a la hora de justificar una institución como el aforamiento no debemos entrar a valorar si supone una ventaja o un problema, sino si está o no justificada. En cambio, sí debe destacarse que el supuesto inconveniente del aforamiento también puede afectar a los ciudadanos de a pie que, de verse imputados en el mismo proceso que investiga a un aforado, verían como su causa -la misma que la del aforado- acaba también sin posibilidad de apelación. Una situación que -de forma general- incluso podría ser tachada de ilegal, al ser contraria al Pacto Internacional de  de Derechos Civiles y Políticos suscrito por España -y a cuyo cumplimiento nos conmina también la propia Constitución- según el cual todos tenemos “derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. ¿Cómo interpretar este artículo? ¿Basta con que la sentencia la dicte el Tribunal que, de normal, podría acabar actuando como segunda o tercera instancia?

 

Con todo, que los parlamentarios carezcan de una segunda instancia y vayan directamente a la cúspide de la pirámide puede encontrar su razón de ser en la función política que estos cumplen (a la manera de la inmunidad y la inviolailidad). Y es que por desagradable que pueda sonar, es de especial interés que las causas contra los parlamentarios se concluyan a la mayor brevedad y de la forma más autorizada (i.e por el TS), toda vez que es sumamente importante saber de la mejor tinta (i.e en teoría la que usan en las sentencias del TS) si determinado señor es un mangui sinvergüenza que hay que apartar de las instituciones. Algo que claramente supone un trato diferente, pero que respondería también a su situación claramente diferente. Y es que en la medida en que no todos podemos ser juzgados por el Supremo -que sería lo ideal- que al menos lo sean los pocos más “necesitados”, o -en este caso- los que más necesitemos. Y así como existen asuntos que llegan al TS por tener “interés casacional” -privando con ello de tercera instancia a muchísima gente cuyo caso no cumple con ese indeterminado requisito-, podría haber otros que llegarán por tener “interés nacional”. De nuevo algo así parecerá indignante e inaceptable: “¿y si merecen mejor juez, no merecerían también un mejor médico?”. Pero si entendiéramos que estas distinciones solo pretenden servir al interés general -como tantísimas otras que hacemos en mil y un ámbitos pero que ni tan quiera percibimos- el horror podría dar paso a la ponderación fría de pros y contras.

 

Dicho esto, ¿cuál debe ser la conclusión? Como indica la categoría de este artículo no tengo una opinión al respecto. Volviendo al principio diré que los aforamientos -su extensión y naturaleza exacta- es mucho más compleja de lo que podría parecer pues requiere contestar preguntas de corte empírico -¿qué Tribunales son más fiables para estos casos? ¿Qué sistema es menos criminogénico?- que a su vez dependen de otras de corte teórico - ¿Qué modelo de elección de jueces es preferible, uno conectado con el órgano donde se representa al pueblo, o uno desconectado totalmente de ese pueblo? ¿Cómo interpretar el derecho a la segunda instancia?- que difícilmente puede resolver el Parlamento en 60 días, y menos yo en unas líneas.

 

[1] Los motivos para aforar a jueces son o pueden ser distintos que los ofrecidos para aforar a parlamentarios. Por ejemplo, podría decirse que un juez debe estar aforado a fin de que nunca le pueda juzgar un juez de rango inferior. 

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