Weber, renta básica y corrupción política

23/08/2019

Belle Maluf @bellemaluf


Hace algunos años, movido por la curiosidad de saber si se puede atraer a la política a aquellos que tienen verdadera vocación para ella, decidí realizar un pequeño experimento. Los sujetos de tal simulación fueron los jugadores del equipo de fútbol del que era entrenador: jóvenes de 10 a 11 años que entrenaban en la Unió Esportiva Castelldefels y que, por tanto, estaban dentro de la disciplina de la escuela, cuya peculiaridad residía en que los entrenadores estábamos obligados a hacer jugar a los chicos un monto fijo de minutos independientemente de sus capacidades y esfuerzo. Los miembros del equipo que entrenaba – 16 jugadores – constituían, en mi experimento, una sociedad en que la unidad salarial se medía en minutos de juego por partido (y no en euros). Y, como decía, por instrucciones de la escuela, cada jugador debía disputar una media de 35 minutos mínimo por partido – que son de 60 minutos -, es decir, todos los jugadores tenían garantizada una Renta Básica de 35 minutos. Sólo los pocos que por atributos y esfuerzo eran capaces de merecer “salarios” más elevados, disponían de más minutos por partido, pero sin llegar nunca a los 60 (porque eso imposibilitaría repartir los 35 minutos mínimos por partido entre el resto de jugadores.)

 

Comprobado que el equipo de fútbol que dirigía era una sociedad con Renta Básica, quise observar qué ocurría con los homólogos futbolísticos de los políticos: los capitanes. Los capitanes en mi equipo se ofrecieron libremente para el puesto al principio de la temporada a través de un texto que todos los jugadores redactaron sobre si querían ser ser capitanes y por qué motivos. Como los candidatos fueron tres, ascendieron directamente al cargo, asumiendo una serie de responsabilidades: presenciar y firmar el acta, dirigirse al árbitro, gestionar las líneas defensivas del equipo y ser el interlocutor principal a la hora de asumir responsabilidades por un mal partido. Es decir, el trabajo de “político” en mi equipo tenía una serie de costes – bastante elevados si se me ha visto alguna vez gritando desde la banda – que, no obstante, no eran remunerados con más minutos de juego, o sea, más salario, bajo ningún caso. El resultado de este sistema fue el siguiente: a lo largo de 5 años y con distintos equipos siempre surgieron buenos capitanes, de carácter vocacional, implicados en las labores y con pasión por la distinción.

 

A fin de comprobar si la inclusión de la remuneración del trabajo “político” de capitanear al equipo podía convertirse en un incentivo para que otros jugadores quisieran alcanzar tal cargo , diseñé una serie de ejercicios para recompensar a los capitanes con mayor cantidad de minutos de juego en los partidos de entrenamiento. La sorpresa fue que en la segunda repetición y hasta la antepenúltima repetición del experimento, 10 jugadores, (no incluidos los 3 capitanes originales), quisieron ostentar el cargo para jugar más minutos. Las dos últimas repeticiones del ejercicio se efectuaron haciendo constar a los capitanes que no habría minutos extra por las responsabilidades adquiridas. Es muy curioso destacar que tal información redujo el número de candidatos de 10 a 1, más los tres capitanes originales – que mantuvieron su interés constante a lo largo de todos los ejercicios.

 

 

El poder político en la modernidad

 

Uno de los problemas principales en la política es la corrupción; este texto pretende hacer una propuesta sobre cómo resolverla, pero para llegar a ese punto, necesitamos abordar una reflexión previa sobre qué es la política y qué es un político. Sin ese primer esfuerzo de contextualización, cualquier otra reflexión sería probablemente imprecisa. El objetivo de la primera parte de este texto será, por tanto, introducir la cuestión y para ello nos acercaremos a la política a través de las reflexiones de Max Weber a fin de  responder ¿qué es un político? ¿por qué hace política? y ¿qué consecuencias se derivan de ello?.

 

La política es aquel conjunto de acciones cuya finalidad es “la distribución, la conservación o la transferencia del poder” (p. 84), pero no de cualquier tipo de poder, sólo del poder público. ¿Y qué caracteriza al poder público? Ser el poder que se ejerce en la “relación de dominación de hombres sobre hombres que se sostiene por medio de la violencia legítima (es decir, la que es vista como tal)”. (p. 84) [1].

 

Es relevante destacar que en esta definición weberiana del poder político, no se incluye el “ejercicio” de ese mismo poder. Esto se debe a que en el Estado moderno, el poder público se ejerce, materialmente, por cuerpos funcionariales cuyo deber es obedecer las instrucciones de sus jerárquicamente superiores, es decir, de quienes ostenten el poder político. Y es especialmente relevante por cuanto, en el Antiguo Régimen y en otras fórmulas históricamente anteriores de asociación política, quienes ejercían el poder, también participaban de la distribución, conservación o transferencia del mismo, como es el caso, por poner un ejemplo, de los señores feudales en la Edad Media. Expropiar a estos estamentos del poder político es una de las principales características del Nuevo Régimen.

 

Más de 100 años después sabemos que las burocracias - muy desarrolladas en oposición a las que Weber conocía -, sí juegan un papel relevante en “la distribución, la conservación o la transferencia del poder”, y que también participan del juego del poder político. Es decir, hoy en día las administraciones disponen de una cuota relevante de poder, y que generan resistencias y presionan a los gobiernos y parlamentos para satisfacer sus propias preferencias. Dicho de otro modo, que cuando un Gobierno decide hacer A, en muchos casos, no se hace A, ni A’, ni A’’, sinó B. Como dijo Bill Clinton: “ser presidente se parece mucho a administrar un cementerio: hay mucha gente debajo de nosotros y nadie nos hace ningún caso”.

 

No piense el lector, no obstante, que estas presiones y resistencias son sólo cosa de despachos en altas instancias, o que se producen sólo para reducir jornadas laborales, aumentar salarios o ampliar vacaciones; la existencia de estas presiones están acreditadas en todos los eslabones de la cadena y para todo tipo de asuntos, tanto para no aplicar medidas que el funcionariado considera inadecuadas, como para forzar inestabilidad política. Buen ejemplo de ello son las Administraciones locales: los ayuntamientos españoles empadronaban a inmigrantes irregulares para así poder ofrecerles cobertura sanitaria, usando un descuido normativo para prestarles unos servicios a los que de otro modo no tendrían acceso y en contra de la voluntad del Gobierno del Estado. O, por ofrecer otro ejemplo mucho más reciente al lector, el pasado miércoles día 8 de septiembre, un alto funcionario de la Administración Trump explicaba a través del New York Times - y de forma anónima - que existe una deliberada resistencia de miembros de la Administración en contra de las políticas de Trump “para boicotear parte de su agenda y peores inclinaciones”[2].

 

Weber no conoció este fenómeno como lo conocemos nosotros ahora. De hecho, dirá del funcionario que “ha de desempeñar su cargo sine ira et studio, sin ira ni prevención. Lo que le está vedado es, pues, precisamente aquello que siempre y necesariamente tienen que hacer los políticos [...]. El funcionario se honra con su capacidad de ejecutar precisa y concienzudamente [...] una orden de la autoridad superior que a él le parece falsa. Sin esta negación de sí mismo y esta disciplina ética, en el más alto sentido de la palabra, se hundiría toda la máquina de la Administración.” (p.114) Obediencia ciega que visto la parte de la Historia reciente que Weber no llegó a vivir, es discutible que sea deseable.

 

De esta cuestión, se derivan, además, otras como: ¿si el Gobierno no consigue hacer lo que se propone, se lo puede responsabilizar políticamente de sus políticas? ¿Y si Gobierno - que es el resultado de unas elecciones- no consigue ejecutar sus propuestas, qué legitimidad democrática tienen las políticas públicas resultado de la influencia de la Administración? Cuestiones que, aunque no son el objeto de este texto, son muy relevantes dado el gran tamaño de los Estados de Bienestar presentes en Europa, ya que a mayor tamaño, más resistencias.

 

Pero volviendo a la cuestión principal, y visto qué es el poder, veamos quién lo ejerce. En una democracia cabe distinguir tres clase de políticos:

 

-Político “ocasional”: Aquel que vota en las elecciones y/o que puntualmente se concentra o manifiesta en defensa de sus ideas políticas.

 

-Político “semiprofesional”: Aquel que, sin hacer de la actividad política su quehacer principal, dedica una parte importante de su tiempo a la misma, ya sea como miembro o responsable de una Asociación Profesional; un elevado activismo; etc...

 

-Político “profesional”: Aquel cuya actividad principal es la política, es decir, que dedica una gran parte de su tiempo y esfuerzo a ésta. Como es evidente, en este grupo encontramos a Parlamentarios y Ministros, pero atención, no nos dejemos también a lobbistas, editores de periódicos políticos y otros profesionales ajenos a las instituciones que trabajan diariamente para influir en “la distribución, la conservación o la transferencia del poder”.

 

El planteamiento de Weber en este punto difiere del más intuitivo, y es que él no consideraba políticos profesionales sólo a aquellos que viven del erario público. Para Weber, sólo es relevante el tiempo y esfuerzo que le dedican a la actividad y, como veremos más adelante,  la dependencia económica que de ella tengan. Este elemento de dependencia económica será importante, pero de una forma distinta a cómo lo pensamos tradicionalmente: será un síntoma de la relación que tenga el político con su profesión.

 

Por ello, además de los políticos de parlamento y partido, Weber también incluye como políticos profesionales a periodistas, (profesión que de su tiempo a nuestro tiempo, ha ganado muchísima importancia). Los cambios producidos desde la revolución industrial - que transformaron a una sociedad analfabeta de 200 millones de personas en Europa en 1800 a una alfabetizada de 800 millones en 2017-, junto con los cambios asociados a internet y las nuevas tecnologías, han conferido un poder enorme a los medios de comunicación para influir en “la distribución, la conservación o la transferencia del poder” de la que hablaba Weber. Así, la política se ha desplazado del Parlamento a las Redes Sociales, al plató de televisión y a los periódicos. Los medios de comunicación crean un relato de la realidad con la selección de noticias y la perspectiva con que se explican. Y ese relato contribuye a elaborar nuestra visión del mundo. Pensar que los medios pueden ser “políticos profesionales” es -cuanto menos- algo a considerar. Piense el lector, por ejemplo, en Francisco Marhuenda, Eduardo Inda o Pilar Rahola. Desde sus respectivos espacios, bien sean blogs, radio, periódicos o televisión, tratan de influir - y lo hacen notablemente - sobre el éxito o fracaso de tal o cual político, partido o idea.

 

Otra dimensión reciente del ejercicio de este poder son las “fake news” o el escándalo de Cambridge Analityca que evidencian que se puede influir notablemente en las elecciones a través de la comunicación de noticias, incluídas las noticias falsas. A pesar de su poder, los medios de comunicación ni son refrendados en las urnas, ni son controlados para garantizar la calidad, fidelidad e independencia de su información. Como dicen que dijo Pedro J. Ramírez: "el periodismo es política sin responsabilidad". Así, se ha desplazado una parte importante del poder político fuera del Parlamento y, sin embargo, no se han impuesto medidas para garantizar que se ejerza adecuadamente. De hecho, como Weber describe “el negocio de los anuncios pagados ha sido el camino por el que [...] se (intenta) ejercer sobre la prensa una influencia política de gran estilo” (p.118). No sólo no se han establecido medidas de control, sino que además sabemos que los medios de comunicación son influidos –entre otros- por los anunciantes, de los que dependen económicamente. Por todo ello, si asumimos que el poder político debe ser controlado, y convenimos con Weber que los periodistas - como los parlamentarios, los lobbistas, etc.. - son políticos profesionales que disponen de una cuota no menospreciable de poder, entonces debemos concluir que es necesario establecer controles.

 

Sin saber cómo se hará, parece razonable suponer que en no mucho tiempo avanzaremos en ese control; y que las medidas que se dispongan recogerán, al menos, la exigencia de que las publicaciones sean, al menos, de hechos veraces. Todo ello en equilibrio con la libertad de prensa, imprescindible en las sociedades actuales. La propuesta que se expone más adelante en este artículo para luchar contra la corrupción, también contribuiría, aunque tangencialmente, a resolver esta cuestión.

 

 

El poder político en las sociedades de masa: vivir de, y vivir para

 

Este fenómeno de desplazamiento del poder tiene también otro efecto que Weber observa: el perfil de profesional necesario para salir airoso y triunfar en el escenario de los medios de comunicación no es el técnico, el académico, sino el gran orador, el charlatan. “La política actual se hace, cada vez más, de cara al público y, en consecuencia, utiliza como medio la palabra hablada y escrita” (p. 113). De este modo, las democracias de masa expulsas a los capacitados técnicamente para la política, y se substituyen por personas menos preparadas en la materia, pero hábiles en manejar ruedas de prensa, redes sociales, conferencias y mítines. Profesionales capacitados en la comunicación y, en el mejor de los casos, en la negociación, la estrategia y el subterfugio, pero no en los problemas públicos y sus posibles soluciones.

 

Nuestras sociedades demandan políticos mejor preparados y con mayores conocimientos técnicos, pero al mismo tiempo los hace convivir con un modelo laboral y salarial volátil e intimidante: puestos de trabajo que difícilmente duran más de 4 años; el escrutinio de la vida pública y privada por parte de los medios de comunicación; y la exigencia de fidelidad al partido - que se explica más adelante-, no garantizando poder seguir viviendo de la política de no hacerlo. Y todo ello, además, con la imposición de no requerir estudios para ocupar los más altos cargos del Gobierno, a fin de proteger el derecho de cualquier ciudadano a postularse y ser elegido para tal cargo. O dicho por Weber, que “los funcionarios [...] estaban infinitamente mejor informados que su jefe sobre los problemas técnicos del ramo” (p.107), pues, por poner un ejemplo, “se podía ser Ministro de Educación en Prusia sin haber pisado jamás un centro de enseñanza” (p.107). Si a estos políticos conocedores de las guerras de partidos y los discursos, pero no preparados técnicamente para la creación, evaluación y modificación de políticas públicas, le sumamos esa Administración pública a veces desleal - que persigue sus propios intereses y rema en contra-, tenemos el campo abonado para la toma de pésimas decisiones.

 

Dicho esto, que todos estos actores sean políticos profesionales no significa que no existan importantes diferencias entre ellos. En especial, y en lo que atañe a Weber, debemos hacer la siguiente distinción crucial entre aquellos que viven “de” la política y aquellos que viven “para” la política. Según Weber, vive “para” la política aquel que actúa como político profesional (recordemos, es su actividad principal) pero que ni  recibe, ni necesita, ni depende de los recompensas, prebendas o salarios que la política pueda ofrecerle. En definitiva, “para que alguien pueda vivir “para” la política en este sentido económico [...] ha de ser económicamente independiente de los ingresos que la política pueda proporcionarle” (p.95). Al contrario de lo que muchos podrían pensar, este fue el caso de la mayoría de políticos profesionales antes del siglo XX en Europa. Con esto no se quiere decir que no hubiera gente que entrara en la política para hacer dinero, o que no hubiera malos o malintencionados políticos. Sólo se pone de relieve que, sea como fuera, incluso aunque se sirvieran de la política para obtener ventajas o influencia que les favoreciera en sus negocios, eran independientes económicamente y que al menos, en este sentido, no necesitaban buscar una recompensa económica en la política, y con ello, un (muy importante) elemento de corruptibilidad desaparecía.

 

En el otro extremo encontraríamos a aquellos profesionales de la cosa pública que viven “de” la política: aquellos que, por no tener otras fuentes de ingresos, obtienen su sustento material de su sueldo como políticos. ¿Pero qué relevancia puede tener esta distinción? Pues que “quien “vive “de” la política trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos” (p.95) y es económicamente dependiente de ella. De negarle la remuneración, estaríamos negándole su medio de subsistencia. Esta distinción quizá puede parecer irrelevante en la actualidad, ya que hoy probablemente todos los “profesionales de la política” son asalariados, pero este no era el caso de los tiempos que vivió Weber. Como veremos a continuación, se trata de una distinción del todo iluminadora por las consecuencias sobre la libertad e independencia que tiene un modo de vida u otro para el profesional de la política, bien sea un político, un periodista, o cualquier otro.

 

 

Libertad y liberación

 

Pueden distinguirse diversas formas de corrupción según el espacio en el que se desarrolle –  público o social-; y el objetivo que persiga – material o inmaterial -; tendrá diferentes consecuencias. En cualquier caso, la corrupción es, en una definición genérica, el uso de medios comunes (o de terceros) para finalidades privadas. De entre las dos formas de corrupción que afectan a la política - que se desarrolla en la esfera pública- nos centraremos la que refiere a medios públicos y los fines materiales privados por dos motivos: es, en opinión del autor, la más grave, y es más fácil de resolver que la corrupción pública inmaterial [3]. Dicho lo anterior, y antes de empezar, un recordatorio: el origen último de la corrupción no es otro que la misma naturaleza humana, así que mientras la política sea hecha por personas, habrá corrupción. Por tanto, el fin de cualquier medida anticorrupción no debe ser eliminarla, sino reducirla todo lo posible. 

 

Como decíamos, hasta hace menos de 100 años era normal que los parlamentarios y demás políticos de las incipientes democracias europeas ocuparan su puesto de forma gratuita, sin cobrar. En ello hay algo claramente razonable, pues se entendía que el propio cargo era pago más que suficiente. No obstante, es evidente que, a fin de que todo el mundo pueda acceder a los cargos públicos es necesarios que estos sean remunerados - quizás incluso que sean remunerados de por vida-. Aun así, aunque en su origen estuviera plenamente justificado el asalariar la política, debe entenderse que quien vive “de” la política “trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos”[4] y que, por ello, y a diferencia de aquel que vive “para”, - es decir, aquel que no necesita de una remuneración económica por la actividad política- quien vive “de” la política ha limitado su libertad, pues “la libertad sólo puede llegar a quienes tienen cubiertas sus necesidades[4]. Y no la han limitado en una profesión cualquiera, lo han hecho en aquella en que la libertad es más relevante.

 

No se trata de un problema menor. Incluso cuando quienes vivan “de” la política fueran enormemente honrados, y no robaran del erario público o se sirvieran de sus influencias para beneficiarse a sí mismos o a los suyos, también habrían corrompido la política, pues necesitan seguir en ella para percibir un salario que garantice su subsistencia. Sólo los ya liberados deben poder constituirse en cuerpo político. Y, por tanto, si el trabajo político asalariado es la fuente de la corrupción, debemos eliminar la fuente - dado que no podemos eliminar a los hombres -: es necesario eliminar el sueldo en política.

 

Eliminar el salario en política quizá puede parecer una medida desproporcionada, la amputación de un brazo que sólo ha sufrido una pequeña herida. No es así. A continuación trataré de exponer por qué el salario es una suerte de gangrena política que poco a poco se extiende por las instituciones, la administración, los partidos, los periódicos, y muchos otros, - fomentando esa corrupción pública material que antes enunciábamos-  y que el único método eficaz para acabar con ella es cortar la dependencia del político de su salario. El lector ya sabrá que en democracia, los partidos ganan y pierden representación en las elecciones y, por ende, en las instituciones. Sin embargo, los políticos “profesionales” que viven “de” la política, no disminuyen. Dicho de otro modo, se ganen o pierdan las elecciones, las bocas a alimentar en un partido serán las mismas. Es por ello que los partidos políticos - incluso en sus formas menos desarrolladas de los tiempos de Weber - “son vistos por sus seguidores como un medio para lograr el fin de procurarse un cargo(p. 101).

 

Dicho de otra manera, como es imprescindible para la política de hoy en día que se pague a quienes trabajan en ella, y en la medida en que las instituciones públicas tienen estos cargos limitados, “toda lucha entre partidos persigue [...] el control sobre la distribución de los cargos”(p.101).  Cargos tanto en el sector público como en el sector privado. Cargos que el propio Weber señalaba en “partidos, periódicos, hermandades, cajas del Seguro Social, organismos municipales y estatales”(p.99); y a los que nosotros añadiríamos las eléctricas, grandes constructoras, firmas jurídicas, consultorías y otras empresas estratégicas. Según esta explicación, las “puertas giratorias” no serían la consecuencia de la “maldad de los políticos”, sino casi una necesidad vital de los partidos. Así, la explicación habitual de este fenómeno viene a decir que los políticos se aprovechan de su recorrido, conocimiento y relaciones personales y profesionales en el sector público para obtener un trabajo muy bien remunerado en una empresa privada que quiere beneficiarse de su influencia. No obstante, desde la perspectiva que explicábamos antes, no se trataría de eso -o no solamente-, sino de un sistema creado y mantenido durante décadas para garantizar salarios a los miembros de los partidos políticos.

 

Si la explicación de las “puertas giratorias” fuera la primera, bastaría con implementar una legislación que restringiera o prohibiera a los políticos desempeñarse en determinadas empresas, imponer multas o penas muy severas por usar su influencia para beneficiarse a ellos o a la compañía para la que trabajen, o otra cualquier medida similar. Sobre el papel, si el problema fuera este, estas medidas serían probablemente suficiente. No obstante, si la explicación de las “puertas giratorias” es la segunda (o incluye elementos de la misma), ya no estamos ante la falta de honradez de unos pocos o de muchos políticos que se venden al mejor postor. Estamos ante un problema sistémico y connatural al sistema de partidos porque lo que está en juego es -nada menos que- la subsistencia de los propios partidos políticos, es decir, de su capacidad para captar y mantener a militantes y políticos en sus filas que de no tener un cargo - y su salario -, no podrían dedicarse a la política profesionalmente. Y eso implicaría que el problema se daría en todos los niveles del partido, tanto entre los políticos de gran trayectoria, como en los recién iniciados.

 

Esta interpretación supondría un problema aún mayor, y es que al estar el futuro económico de cada miembro del partido en manos del propio partido, se limita enormemente la libertad del político: su salario y su futuro dependen de que haga y diga lo que se espera de él. Ese político, especialmente si ocupa un cargo electo, ya no se debe a la ciudadanía, sino al partido. Sus jefes no son los ciudadanos, “frente a la maquinaria partidista, el Parlamento ha perdido todo el poder del país” (p.137).

 

A todo este problema, aún le queda una última vuelta de tuerca. Hemos visto cómo los políticos, especialmente los que son o quieren ser cargos electos, deben ceder el ejercicio de su poder si quieren mantener o prosperar en su carrera; y que esto les impide actuar libremente o siguiendo el mandato de sus votantes. Hemos visto también que este político cede al partido ese poder a fin de garantizarse un cargo en el presente y en el futuro. Ahora bien, ¿quién controla el partido? ¿quién controla todo ese poder?

 

Asimismo, también hemos visto que los partidos políticos tienen la necesidad de encontrar cargos que poder ofrecer a sus miembros, y no los buscan sólo en la Administración, también lo hacen en otro tipo de organizaciones como en empresas privadas, asociaciones, sindicatos, lobbies, etc… Se cierra entonces el círculo de la corrupción: en el afán por procurarse cargos suficientes, negocian con su poder e influencia. Así es como esas empresas - y otros organizaciones - acaban influyendo en la política, escribiendo leyes y colocando a políticos afines a sus intereses.

 

En definitiva, y reduciendo la cuestión a su esencia, la necesidad de quien vive “de” la política, pone en marcha una cadena de necesidades y favores que acaba por sustraer el poder a los políticos y cediéndolo a un tercero, viciando indefectiblemente el proceso político, y creando las condiciones para que la corrupción pública material de la que hablábamos más arriba sea posible. De este modo, aquellos que viven “de” la política son enormemente vulnerables ante las presiones o amenazas que puedan sufrir, y su opinión y criterio en la toma de decisiones estará a merced de aquellos que puedan perjudicarle. Al no disponer de recursos suficientes como para ser independiente del salario que percibe - y de los que espera percibir en un futuro -, su poder político lo ejercerá quien le pague. Esto deja al político que vive “de” la política en una situación muy vulnerable. Independientemente de que se trate de un parlamentario, un ministro o un periodista, no podrá hablar con su propia voz. Este problema se agrava para aquellos que son, además, representantes públicos, ya que si bien estarán sometidos al escrutinio de los votantes, la defensa de sus intereses, si eso llega a suceder, será mera casualidad.

 

Quizá se aprecia mejor ahora que la corrupción en política no la hacen sólo aquellos que cometen delitos, también quienes simple y llanamente aceptan un salario a cambio a de su influencia. Los políticos y los partidos - en su voluntad de hacer de la política una fuente duradera de ingresos, y conocedores que los obtendrán de las arcas públicas, pero también de empresas privadas y otras organizaciones - no desarrollarán leyes o políticas que perjudiquen a sus futuros empleadores, y esto, en muchos casos, perjudicará a los ciudadanos.

 

Pongamos algunos ejemplos. En España, en 2018, aumenta el precio de la luz, el agua, el gas y los carburantes; se mantiene impuesto al sol; sube el precio de las viviendas, sean de alquiler o de compra; sube el transporte colectivo; se mantiene un elevado gasto en material escolar y guarderías; y un larguísimo etcétera. Sin pretender decir con esto decir que la política se haga con la finalidad de favorecer a las empresas (ni siquiera que esa sea la finalidad más importante), sí parece razonable pensar que podrían adoptarse medidas más favorables a los ciudadanos y que contarían con su apoyo y votos. Sin embargo, no se hace. ¿Por qué? Porque políticos y partidos juegan a un difícil equilibrio entre no perder votos y mantener sus cargos (presentes o futuros) en empresas y otras organizaciones. La dependencia del sueldo, le arrebata a la política su objetivo primerísimo y último: mejorar el mundo.

 

 

A grandes males, grandes remedios: una propuesta

 

Dicho todo lo anterior, si la dependencia del salario causa este gran problema en la política, la solución parece sencilla: eliminarlo. Ahora bien, para hacerlo, en las democracias representativas tenemos dos soluciones: volver al siglo XVIII, no remunerar al político y establecer barreras económicas para la vida política; o, en cambio, buscar una solución alternativa, en mi caso, propongo establecer una Renta Básica. Si convenimos con Weber que “plenamente libre en este sentido es solamente el rentista, o sea, aquel que recibe una renta sin trabajar”, pues tiene las necesidades cubiertas y el tiempo disponible, porque “sus ingresos no dependen del hecho de que él consagre a obtenerlos todo o una parte importante de su trabajo personal y de sus pensamientos”; entonces, un ingreso ciudadano, universal e incondicional orientado a sufragar, como mínimo, el coste de la vida, es la mejor solución posible para evanescer la separación entre el vivir “para” y el vivir “de”.

 

Una renta de este tipo liberaría a todo individuo de la sociedad para que escogiera su propio modo de vida sin coerciones, optando por la ocupación que más le realizara. El objetivo sería convertir el trabajo político -en la concepción amplia aquí expuesta- en vocacional y evitar de este modo que se produzca la dependencia económica del cargo en que se prefiere conservar el puesto de trabajo (y su remuneración) a todo precio. La remuneración por el trabajo político profesional debe ser de tal cuantía que cualquier ciudadano quiera y pueda renunciar a ella con tal de preservar su dignidad y la libertad común. En definitiva, este es un intento por convertir la política en una actividad vocacional, escasamente remunerada - limitando o prohibiendo percibir incluso remuneraciones de otras fuentes - , para que la ocupen aquellas personas con una elevada pasión por la política en sí misma, y no a quienes esperan sacar algo de ella, pues estos últimos son prestos a venderse, a corromperse, a cambio de una remuneración. Si no podemos convertir a los políticos en monjas, convirtamos a las monjas en políticos, (tal y como anunciara ya Platón hace más de dos mil años); y para ello, igualemos a todos los miembros de una sociedad a la condición inicial de monjas para desincentivar la ocupación política como fuente de ingresos. 

 

Ahora bien, ¿por qué no aplicar una renta similar sólo a los políticos? Porque de aplicarla sólo a la política no conseguiríamos el efecto buscado: no atraeríamos sólo a aquellos con pasión por transformar el mundo y sin demasiado interés por el dinero, sino también a muchos que quieren la seguridad de una remuneración duradera, aunque sea baja. Si extendemos el efecto a toda la sociedad, y dadas las fuertes restricciones que se impondrían a complementar la Renta Básica de los políticos con otras remuneraciones, sólo atraeríamos a los menos susceptibles de corromperse. Y además, porque, como hemos visto, el poder político no está sólo en los Parlamentos, también lo está en los lobbies, en los medios de comunicación, en los entes sociales, y en cada uno de nosotros. La corrupción es echar mano al dinero de todos e intercambiar favores, pero también es obedecer instrucciones injustas, no levantar la mano y someterse para no perder el salario. Protegernos contra la corrupción requiere de instituciones limpias, pero también periodistas libres y ciudadanos honrados que denuncien los abusos. Como ser honrado con hambre y sin techo es difícil, debemos extender la medida a toda la sociedad para liberarnos a todos de la tiranía del estómago y el frío que nos fuerza a renunciar nuestros principios, y hace más fácil que la política no cumpla su cometido.


 

 

 

[1] Todas las citas son extraídas de: Weber, Max; “El político y el científico” (UNSAM, www.bibliotecabasica.com.ar)

 

[2] https://elpais.com/internacional/2018/09/05/estados_unidos/1536182585_836279.html

 

[3] Una propuesta para resolver esta última, es decir, la relativa a medios públicos y fines inmateriales privados - como podrían ser la fama o el prestigio -, requieren de una reflexión aparte. Por abrir brevemente esta puerta, imagine el lector que decidieramos forzar a los políticos al anonimato - como si de cultistas de una secta se trataran. De ese modo probablemente evitaríamos que entraran en política quienes desean la fama, el protagonismo, - y todas las tonterías y malas decisiones que se toman para obtenerlo -, pero, al mismo tiempo, estaríamos imposibilitando dos elementos fundamentales en democracia: la representación y la rendición de cuentas.

 

[4] Arendt, Hannah; Op. Cit.; p. 185.

 

 

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