El problema de la incompetencia política (IV): Sorteos y apuestas

09/08/2018

¿Deberíamos reducir el poder político de los votantes desinformados? Como vimos en el artículo anterior, la respuesta del filósofo Jason Brennan a esta pregunta es afirmativa, al menos si se cumplen determinadas condiciones. Por el contrario, nuestra conclusión fue algo más pesimista: no sabemos cómo pueden funcionar este tipo de inventos y dada la tendencia de las democracias a producir resultados decentes (al menos si tenemos en cuenta el nivel de información del votante medio), los daños podrían ser graves, por lo que las razones para no tocar nada son bastante poderosas. En este artículo analizaremos dos propuestas alternativas, una de las cuales se encuentra próxima a la defendida por Brennan.

 

La lotería electoral

 

Para Claudio López-Guerra, una distribución del poder político que sea sensible a los niveles de información y competencia de los votantes no es, a pesar de su mala fama, una idea completamente descabellada. No obstante, su propia propuesta (a la que denomina the enfranchisement lottery) difiere en algunos aspectos de la de Brennan. En lugar de excluir selectivamente a aquellos ciudadanos que no sean capaces de demostrar que superan un determinado umbral de competencia, López-Guerra propone excluir de golpe a todos los votantes, con la excepción de un pequeño grupo aleatoriamente seleccionado. Esto último es importante, porque trata de esquivar una posible objeción bastante popular, de acuerdo con la cual el electorado resultante de una criba de este tipo presentaría un perfil sociodemográfico muy marcado, consistente de un modo desproporcionado - como el propio Brennan reconoce - en "hombres blancos, de clase media o alta, con educación y empleo". Pero si la exclusión se realiza de un modo aleatorio, como López-Guerra sugiere, entonces la composición del electorado con sufragio restringido sería bastante similar a la que tendría el electorado con sufragio universal. Por lo tanto, la exclusión no estaría viciada por sesgos de clase, sexo, religión, etc.

 

Ahora bien, dice López-Guerra, esta es sólo la primera parte de la propuesta, pues los miembros del grupo seleccionado no adquirirían por ello el derecho a voto de forma automática. Para ello, aún tendrían que pasar con éxito una segunda fase, en la que los potenciales votantes "se organizarían en pequeños grupos para participar en un proceso de construcción de competencia, cuidadosamente diseñado para optimizar su conocimiento acerca de las alternativas de voto". Puesto que, en el fondo, la de López-Guerra es una propuesta de diseño institucional orientada a mejorar la calidad de las decisiones políticas a través de un electorado más competente, esta fase es clave.

 

Como el propio autor insiste, esta es una propuesta aristocrática. Aunque anteriormente otros autores habían defendido ya el uso de sorteos, su objetivo había consistido típicamente en garantizar que un determinado sistema político se volviera más democrático. Pero el objetivo de López-Guerra es claramente diferente: "reemplazar el juicio de todos por algo mejor". Es en este sentido donde su propuesta, a pesar de algunas diferencias, comparte un propósito común con la de Brennan. En palabras del propio autor, "los esquemas aristocráticos tradicionales conseguían sus objetivos mediante la selección de los individuos más competentes. La lotería electoral funciona de un modo diferente: mediante la creación de los más competentes".

 

La propuesta de López-Guerra es interesante, y tiene sus virtudes, como hemos visto. Pero también comparte algunos problemas con la tesis de Brennan: en primer lugar, parece poco proclive a aliviar el problema de los incentivos perversos. En el artículo anterior decíamos lo siguiente: "Teniendo en cuenta los beneficios derivados de pasar con éxito un test de conocimiento político, los incentivos para amañarlo parecen enormes." Esto puede aplicarse de nuevo, palabra por palabra. ¿Por qué? Pues porque la lotería electoral, en su segunda fase, incluye algo que es análogo a un test de conocimiento político: quiénes no demuestren que han adquirido la competencia necesaria para participar en la toma de decisiones políticas quedarán excluidas del electorado. Los incentivos para influir en este proceso de instrucción parecen, pues, enormes. De hecho, en este caso existirían incentivos adicionales para manipular otra parte del proceso, la selección del electorado, con el objetivo de evitar que este fuera un proceso genuinamente aleatorio. Como afirma López-Guerra, "la tecnología para una selección eficiente y objetivamente aleatoria está disponible hoy en día pero es inescrutable para la mayoría de la gente." Un proceso de este tipo sería tan complicado que "los expertos no podrían probar de un modo obvio y transparente que los números han sido extraídos de un modo no equitativo". En este caso, los incentivos adicionales se generarían porque i) los beneficios de amañar el sistema serían potencialmente muy elevados y ii) el riesgo de que el amaño se descubriera - y además pudiera exponerse públicamente - sería prácticamente inexistente.

 

Por último, el otro defecto de la propuesta de Brennan - que no queda claro cómo podría implantarse una propuesta similar sin dar lugar a una importante crisis de legitimidad, dado el importante valor simbólico que típicamente se concede a los derechos políticos como el voto - es igualmente serio para la de López-Guerra. De nuevo, cuando se consideran los posibles beneficios epistémicos de un sistema alternativo al sufragio universal junto a sus igualmente posibles costes de transición no resulta obvio que, en el fondo, el proyecto valga la pena.

 

Apostando sobre decisiones políticas

 

Después de todo el camino que hemos recorrido a lo largo de estos artículos, podemos hacer sin miedo la siguiente afirmación: las democracias actuales no estimulan una distribución muy eficiente de nuestros recursos epistémicos o cognitivos. O lo que es lo mismo, no nos dan suficientes incentivos como para informarnos apropiadamente. Por supuesto, el debate sobre cuáles son las causas de este fenómeno no está ni mucho menos agotado: estas pueden ser individuales o institucionales. Y dentro de estas últimas, el problema puede ser el resultado de incentivos perversos generados por las propias instituciones democráticas o del funcionamiento deficiente de otras instituciones, como por ejemplo la prensa. Esto sugiere que la solución al problema (o, como mínimo, la reducción de sus daños) requerirá ciertas dosis de ingeniería institucional. Una propuesta en este sentido la ha defendido el economista Robin Hanson. De acuerdo con Hanson, el flujo de información dentro de los sistemas democráticos es poco eficiente. ¿Comparado con qué? Pues por ejemplo comparado con el flujo de información en los mercados de apuestas. En palabras del propio Hanson, "el hallazgo más robusto y consistente [entre quienes estudian este fenómeno] es que es muy complicado, aunque no imposible, encontrar información que no haya sido ya incorporada en los precios de los mercados especulativos [categoría más general a la que pertenecen los mercados de apuestas]". Esta mejor utilización de la información lleva a su vez a una mejor fiabilidad en las predicciones. Por poner un par de  ejemplos, los mercados de apuestas sobre los premios Oscar suelen acertar en mayor medida que los columnistas de revistas especializadas y han logrado también superar a los informes oficiales de ventas de las impresoras Hewlett Packard.

 

La propuesta de Hanson (que recibe el nombre de futarquía) es relativamente sencilla: si los mercados de apuestas estimulan una distribución más eficiente de la información que la que se da en los sistemas democráticos, ¿por qué no los incorporamos en cierta medida? Puesto que Hanson no propone abolir la democracia, su proyecto puede resumirse del siguiente modo: deberíamos votar sobre valores y apostar sobre los medios para realizarlos. ¿Cómo funcionaría esto? En primer lugar, los representantes electos elaborarían instrumentos para medir el bienestar de un Estado. El Producto Interior Bruto podría ser un ejemplo, pero también podrían tenerse en cuenta indicadores que desagreguen en mayor medida los niveles de igualdad/desigualdad en la distribución de los recursos económicos. Estas medidas serían el punto de referencia para los especuladores, que podrían entonces preguntarse: si el objetivo es, por ejemplo, conseguir un nivel de bienestar de 100 puntos de acuerdo con un determinado indicador X, ¿cuáles serán los medios más efectivos para lograrlo? Puesto que estos especuladores tendrán incentivos diversos para encontrar e incorporar la información relevante - pues de lo contrario correrían el riesgo de perder el dinero invertido o quedarse sin ganancias -, sus acciones nos permitirán estimar de una manera razonablemente fiable las probabilidades de éxito (o fracaso) de una determinada medida.

 

De nuevo, las probabilidades de éxito de una propuesta semejante me parecen dudosas. Pero supongamos, por un momento, que sí es factible. Un posible argumento podría ser que incluso si fuera realizable, un sistema de este tipo sería indeseable porque corrompería el significado del acto de votar y lo que implica ser un ciudadano. De acuerdo con este argumento, permitir especular sobre decisiones políticas supone dejar que la lógica de la ganancia y el interés privado colonicen la esfera del bien común y la virtud cívica. Este argumento me parece poco convincente por varias razones. En primer lugar, porque establece un contraste bastante artificial (y sospechosamente ad hoc) entre la lógica del mercado y la de la política. En primer lugar, el mercado (o al menos una noción normativamente aceptable del mismo) no implica un vacío moral: ni todo puede venderse/comprarse (por ejemplo, si infringen los derechos de otros individuos que no han consentido a ello) ni lo que sí puede venderse/comprarse puede hacerse de cualquier manera (por ejemplo, mintiendo acerca del producto o pagando con dinero falso).  Es decir, en el ámbito del mercado existen restricciones morales al modo en que podemos perseguir nuestros intereses privados. Del mismo modo, tampoco es obvio que la política no deje margen para la persecución de intereses privados - por supuesto, deberá satisfacerse un determinado nivel de transparencia, pero lo mismo ocurre en el mercado. En segundo lugar, ¿por qué debería el significado de una práctica concreta tener tanto poder moral? La abolición de la esclavitud en los Estados Unidos seguramente corrompió el significado de muchas prácticas extendidas en los estados del Sur. ¿Y? Precisamente porque la existencia de dichas prácticas dificultaba la desaparición de la esclavitud, existían razones morales muy potentes para modificar su significado - o, en el peor de los casos, hacerlas desaparecer. En el caso de las democracias actuales la cosa es mucho menos grave, desde luego, pero no por ello dejan de tener el potencial de afectar negativamente el bienestar de los ciudadanos en modos moralmente relevantes. Si un mercado de apuestas sobre decisiones políticas condujera a un incremento del bienestar de sus ciudadanos mediante una reducción en el número de decisiones equivocadas, ¿no nos daría esto una razón para modificar el significado de tales prácticas, en vez de lo contrario? Incluso si la democracia tuviera un cierto valor intrínseco en este sentido, resulta increíble pensar que este valor podría ser tan absoluto como este argumento sugiere.

 

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