¿Más allá de la presunción de inocencia?

Tyler Milligan @tyler_milligan_visuals


Es habitual que tras la mediatización de algún proceso penal impactante para la opinión pública se debata acaloradamente sobre la presunción de inocencia y las garantías penales. En relación a todo ello sería oportuno iniciar la siguiente reflexión clarificando una serie de conceptos emparentados pero independientes que acostumbran a exponerse entremezclados. Aun cuando cabría discutir esta clasificación, resulta útil definir, en primer lugar, la presunción de inocencia como aquella asunción jurídica de acuerdo con la cual cualquier ciudadano es inocente hasta que una sentencia firme no diga lo contrario. Por otro lado, hablaríamos de la carga de la prueba, que determina quien es la persona llamada a demostrar la culpabilidad o inocencia del acusado y aquel a quien "perjudica" la falta de pruebas [i]. Finalmente, pero muy importante, encontramos lo que podríamos llamar el estándar probatorioque fija con cuanta fuerza o intensidad debe sugerirse la culpabilidad o inocencia de alguien para que la misma se considere efectivamente probada. A día de hoy el estándar probatorio de cualquier sistema jurídico occidental se establece en aquella vieja fórmula que dice que la comisión de todo delito debe probarse “más allá de toda duda razonable”, una expresión cuyo contenido exacto es, naturalmente, imposible de detallar.

 

Hechas estas precisiones podemos ya plantear el debate que, como creo que se verá, gira realmente en torno al estándar probatorio. ¿Cómo de exigente debe ser nuestro estándar probatorio? ¿Qué "porcentaje de probabilidad" en la comisión del supuesto crimen debe exigirse para que pueda enviarse a una persona a prisión de manera justa? ¿Debería poderse enviar a prisión a un acusado cuando se demostrara que su autoría fuera la opción significativamente más plausible?

 

Para responder a esta pregunta es necesario que establezcamos la relación de impunidad-injusticia que creamos adecuada. Llamo 'relación de impunidad-injusticia' a la proporción que consideramos aceptable de culpables-en-las-calles-e-inocentes-en-prisión. Pues bien, ¿cuántos inocentes estamos dispuestos a enviar a prisión a fin de no dejar a ningún culpable en la calle? O ¿cuántos culpables estamos dispuestos a dejar en libertad a fin de no enviar a ningún inocente a prisión? Por ejemplo, si, como Franklin, pensáramos que es mejor absolver a mil culpables antes que condenar a un inocente, entonces nuestra relación de impunidad-injusticia sería de 1000-1, con lo que nuestro estándar probatorio debería ser altísimo, del 99.9% de seguridad [ii]. Es decir, solo cuando las pruebas hubieran sugerido la culpabilidad de una persona al 99.9% podría condenársela[iii]. La consecuencia sería que con un estándar así una gran cantidad[iv] de culpables se librarían injustamente de su merecido castigo, pero a la vez extremadamente pocos inocentes deberían pagar por lo que hicieron otros. ¿Sería esta una proporción aceptable o nos estaríamos excediendo? ¿Deberíamos apostar por una proporción más modesta, de 10-1 como podríamos decir que sugería el juez Blackstone?

 

Por si todo esto no fuera suficientemente complejo todavía debemos incluir otro elemento a la ecuación. Si asumimos con Beccaria que aquello que mayormente disuade de la comisión de un crimen no es la severidad de la pena sino su certeza, entonces como mayor sea el estándar probatorio, menos cierta será la pena pues, por lo dicho anteriormente, será más improbable que nos consideren culpables y nos castiguen. Luego, a la hora de establecer un estándar probatorio no solo debería tenerse en cuenta la peliaguda relación impunidad-injusticia, además debería tenerse presente el efecto preventivo que la misma tendría. Esto es, a la hora de establecer un estándar probatorio alto debería valorarse, no solo cuantos culpables quedarían impunes, sino también cuantos nuevos culpables surgirían al calor de un sistema con muchos “agujeros”.  

 

Así pues, podemos concluir que un estándar probatorio muy alto no solo es “impunogénico”, sino también “criminogénico”. Criminogénico, además, en dos sentidos pues no solo aumenta la inseguridad ciudadana al hacer que el sistema penal sea menos disuasorio, sino que también dejaría en las calles personas que, dada su culpabilidad en crímenes pasados, podrían estar especialmente inclinadas al delito. Es decir, un estándar probatorio alto minaría la capacidad de prevención general y especial del sistema penal. De todo ello cabe inferir que a la hora de establecer un estándar probatorio también deberíamos tener presente lo que podríamos llamar la relación víctima-injusticia para cuyo establecimiento deberíamos responder a la compleja cuestión ¿cuántas víctimas estamos dispuestos a crear a fin de no enviar a un inocente a prisión?

 

Estas reflexiones podrían llevarnos a poner en duda una idea tan asumida como es que el estándar probatorio en materia criminal debe ser uniforme, esto es, el mismo para todos los delitos. Y todo ello en base a que como la sociología de cada delito es distinta, su prevención también podría serlo. ¿Qué quiere decir esto? Sucede que no todos los delitos deben estar disuadidos y perseguidos por igual para que su comisión disminuya. Por ejemplo, la corrupción debe estar muy disuadido, porque i) son delitos de los que uno puede lucrarse, y ii) porque la moral individual no es especialmente crítica con ellos. En cambio el homicidio o la tortura no requieren una gran disuasión por parte del Estado ya que, por los motivos antes expuestos, son crímenes de los que cada cual motu proprio tiende a abstenerse de cometer, al menos por regla muy general. Pues bien, si hay delitos que requieren más disuasión que otros a fin de obtener el mismo grado de prevención, entonces cabrá argumentar que, en el enjuiciamiento de los mismos, se sea menos garantista, a fin de no transmitir el mensaje de que “de hacer X uno se libra casi siempre”. 

 

En definitiva, a la hora de establecer un estándar probatorio determinado deben equilibrarse estos tres factores: la cantidad de inocentes que irán a prisión, la cantidad de criminales que quedarán impunes, y la cantidad de nuevas víctimas que, por lo anterior, surgirán. En función de la importancia relativa que le demos a cada uno de estos elementos apostaremos por un estándar probatorio u otro. 

 

 

[i] Cabría poner en duda la diferencia entre estos dos conceptos, o argumentar que necesariamente deben ir de la mano. No es así: cabría sostener que todo ciudadano es inocente hasta que una sentencia no determine lo contrario -y de allí que pueda deambular libremente- pero exigir que sea el propio acusado -y no quien le acusa- quien tenga que mostrar que no ha cometido crimen alguno si es que pretende evitar la pena. Es decir, que el acusado entre a la sala de vistas como inocente pero sabiendo que puede acabar en la cárcel incluso si la acusación no abre la boca.   

 

[ii] Evidentemente Franklin se habría opuesto a la matematización de su frase pues lo que con ello quería significar es, simplemente, que el estándar probatorio debe ser muy alto. Otro tanto cabe decir de la fórmula de Blackstone.

 

[iii] Evidentemente todos estos números son simples abstracciones. Aspirar a una respuesta cuantitativa a estas preguntas es absurdo. Decir que la relación de impunidad-injusticia es de 1000-1, o que el estándar probatorio debe ser de 99.9% es solo una forma de hablar que debe servirnos para plantear la cuestión. 

 

[vi] Atención, que la relación sea de 1000-1 no significa que se librarían 1000 culpables. Eso solo sería así si lo normal fuera que en los juicios la culpabilidad de alguien estuviera siempre bastante disputada, cunado lo cierto es que en muchas ocasiones está bastante clara. Luego incluso con un estándar probatorio altísimo las cárceles estarían razonablemente llenas.

 

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