¿Podemos hacer escraches?

30/05/2018

La polémica política de esta semana viene marcada por la adquisición de una vivienda por parte de los dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, por valor de más de 540.000-660.000 euros -las cifras varían según el medio- en la Sierra de Madrid. La repercusión de esta compra ha sido tal, que incluso diversos medios internacionales se han hecho eco de la noticia.

 

Se ha escrito en estos días numerosos artículos sobre la paradoja política, o moral, que puede suponer la adquisición de un inmueble así por parte de quien, concretamente, preconizaba la sobriedad de la clase trabajadora y utilizaba esta como arma política. También se ha escrito en el sentido contrario, señalando por qué la izquierda debe hacer voto de pobreza, resignándose sus líderes a no traspasar cualquier tipo de situación material que rebase el estándar del país.

 

Al margen de todo esto, la vorágine mediática ha vuelto a poner en la palestra – aunque de forma colateral – un tema interesante, tratado frecuentemente durante los peores años de la crisis económica y que ahora parece un tanto olvidado.  

 

Con motivo de “celebrar” la adquisición de la vivienda, diversas personas intentaron darse cita a través de las RR.SS. para hacer una “barbacoa” en la nueva vivienda de los dirigentes de Podemos. Citarse en la puerta o alrededores de la casa de un político recuerda, inevitablemente, a lo que conocemos por escrache.

 

Como casi todas las cosas que trascienden del ámbito social al político, tuvo lugar hace apenas unos años una auténtica batalla política por la definición de lo que era – o no era – un escrache. Precisamente, Pablo Iglesias comenzó definiéndolo como “jarabe democrático de los de abajo”, mientras que, para algunos dirigentes del partido del gobierno, como Esperanza Aguirre, el escrache no era “un método democrático para el debate”. Apunta Torras Coll, que la técnica del escrache proviene de Argentina donde se define como “la denuncia popular en contra de personas acusadas de violaciones de derechos humanos o de corrupción que se realiza mediante actos tales como sentadas, cánticos o pintadas, frente a su domicilio particular o en lugares públicos.”

 

Sin embargo, es evidente que esta “denuncia popular” colisiona con los derechos a la intimidad, al honor y, en un sentido amplio, con el de inviolabilidad del domicilio. Lo que nos lleva a plantearnos: ¿Debe entenderse el escrache como un ejercicio del derecho a manifestación? Si es así, ¿cuáles habrían de ser los requisitos que marcaran su presupuesto y sus límites? ¿Todo el mundo debería poder ser objeto de escrache, o tan sólo aquellas personas que “proyecten” relevancia pública? Es especialmente interesante este último punto, pues algunos dirigentes políticos incluso se posicionaron a favor de la posibilidad de realizar escraches a policías nacionales o guardias civiles.

 

Continuando con el caso de la nueva vivienda de los líderes de Podemos, Soraya Sáenz de Santamaría, a quien se le practicó un escrache en 2013, afeó al Pablo Iglesias que “reivindicara el derecho a la intimidad de su familia” y no, anteriormente, la de los demás también objeto de escrache. A esto, contestó Noelia Vera, portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, que en la casa de Iglesias y Montero hay, ahora mismo, “asociaciones fascistas” que lo que pretenden es “hacer daño”[I]. Por lo que “son cosas distintas”.

Esta respuesta de la portavoz de Podemos nos conduce a nuevas preguntas. Respetando los límites de temporalidad, transitoriedad, licitud y no violencia que marca la jurisprudencia constitucional– además de otros principios de proporcionalidad, idoneidad etc. – para el ejercicio del derecho de manifestación, ¿el que las personas que practican el escrache profesen una ideología fascista debe “criminalizar” el escrache? O, quizás, lo que realmente plantee la coordinadora es si deberían tener cabida en el ejercicio del derecho a manifestación estas ideologías.

 

En todo caso, deberá ser el lector el que responda a todas estas preguntas. Pero por si le interesa la resolución jurisprudencial sobre el tema, vea el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de enero de 2014, en el que se resuelve el recurso de apelación planteado por la fiscalía ante el auto de sobreseimiento del Juzgado nº4 de Instrucción de Madrid. Este versa, precisamente, sobre el escrache que se practicó en 2013 a Soraya Sáenz de Santamaría. El tribunal llegó a la conclusión de que el escrache “debe entenderse como un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos". Y que, por tanto, y en ausencia de otras circunstancias, no cabía apreciar ninguno de los delitos alegados por la fiscalía en torno a este escrache (coacciones, reunión o manifestación ilícitas, desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad).

 

 

 

 

 

[I] Recordemos que, como señala tanto el TC como el TEDH, los límites de crítica admisibles a un político en ejercicio son sensiblemente superiores que a los de un ciudadano corriente.

 

 

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