El problema de la constitución del demos (III): La sujeción a la ley

05/05/2018

En el artículo anterior discutimos el llamado principio de todos los intereses afectados. De acuerdo con este principio, deberían poder participar en una decisión democrática todos aquellos potencialmente afectados por la misma. Sin duda, este es un principio extremamente flexible, pues permite interpretaciones muy diversas. Y, en cierto sentido, es posible que esta sea una de sus virtudes. Pero también es uno de sus principales defectos, puesto que hasta que no especifiquemos qué entendemos por "afectados" no podremos evaluarlo propiamente.

 

En lo que sigue analizaremos un intento de precisar esta noción, cuya idea central es la siguiente: deberían poder participar en la toma de decisiones democráticas aquellos individuos sujetos a decisiones colectivas de carácter vinculante. Dado que en los estados de derecho esta vinculación se establece (o se trata de establecer) principalmente a través de la ley, el principio adopta la siguiente forma: todos aquellos que estén sujetos a las leyes de un estado tienen derecho a participar en su elaboración. Esto es lo que se conoce como el principio de todos los sujetos o el principio de todos los legalmente afectados (All Subjected Principle y All (Legally) Affected Principle, respectivamente). Este principio es algo más concreto que el principio de todos los intereses afectados, pero tampoco mucho más, pues la noción de "sujeción a la ley" no carece de vaguedad.

 

Según el filósofo Ludvig Beckman, caben al menos tres interpretaciones diferentes - aunque no necesariamente excluyentes[i]: en primer lugar, un individuo puede estar sujeto a un determinado sistema legal si este trata de imponerle obligaciones legales. Es decir, si existe al menos una ley que pretenda regular la conducta de dicho individuo. La segunda interpretación se centra en la existencia de leyes que confieren ciertos poderes a un individuo - por ejemplo, los que puede otorgar el matrimonio. Por último, uno puede estar sujeto a un sistema legal si sus prescripciones le pueden ser impuestas de un modo coercitivo. En otras palabras, si uno está potencialmente sujeto a los mecanismos coactivos que garantizan el cumplimiento de la ley.

 

Así que, después de todo, siguen existiendo huecos por llenar. Sin embargo, alguien podría argumentar que este es un precio que merece la pena pagar por un principio capaz de evitar lo que probablemente sea uno de los elementos más difíciles de digerir del principio de todos los afectados: sus incómodas implicaciones expansivas. Retomando lo que hemos dicho más arriba, este principio establece que deberían poder participar en una decisión democrática todos aquellos potencialmente afectados por la misma. Ahora bien, todos los estados toman continuamente decisiones que pueden afectar a un elevadísimo número de personas. ¿Deberíamos pues poder participar en todas ellas? Como ha señalado Robert Goodin, esto parecería sugerir que "virtualmente todo el mundo adquiriría un voto sobre virtualmente cualquier cosa, en virtualmente cualquier lugar del mundo"[ii]. Esta es una conclusión muy difícil de asumir, diría nuestro hipotético interlocutor, pero, afortunadamente, el principio de todos los legalmente afectados nos permite esquivarla. ¿Por qué? La respuesta parece sencilla: porque la jurisdicción de un estado - el alcance de sus leyes - no se extiende más allá de sus límites territoriales. Por lo tanto, el resultado es una delimitación mucho más estricta y manejable de los demoi.

 

El problema con esta estrategia es que la idea de que la jurisdicción de un estado coincide con su territorio es falsa. Muchos ordenamientos jurídicos poseen leyes cuyo alcance atraviesa fronteras, un fenómeno conocido como la extraterritorialidad de la ley. Siguiendo a Goodin[iii], podemos encontrar al menos cuatro instancias de este fenómeno potencialmente relevantes para nuestra discusión: i) leyes para la protección de los nacionales en el extranjero; ii) leyes para la protección de los intereses nacionales; iii) leyes para la prevención de crímenes de gran relevancia y iv) leyes para la prevención de determinados delitos. Para ilustrar las implicaciones de este fenómeno tomemos la primera categoría. Algunos estados incluyen en sus ordenamientos jurídicos leyes que permiten castigar a extranjeros cuando dañen a sus ciudadanos, aunque lo hagan fuera de su territorio. Como explica Goodin, "cualquiera que intencionalmente hiera o amenace con herir a los nacionales de un estado como Francia… está aquí y ahora, estrictamente hablando, sujeto a las leyes de dicho estado"[iv]. Según el principio de todos los legalmente afectados (al menos en la primera interpretación de las tres anteriormente citadas), todo individuo susceptible de entrar en contacto con un ciudadano francés (es decir, prácticamente cualquier habitante de la Tierra) estaría sujeto a las leyes de Francia y tendría derecho a participar en sus decisiones políticas. Por lo tanto, no está claro las implicaciones de principio sean necesariamente menos expansivas que las del principio de todos los intereses afectados.

 

Otra idea importante es que el mero hecho de estar sujeto a las leyes de un estado no parece implicar que debamos poder participar en su elaboración. Supongamos que decido viajar en coche desde Barcelona a Alemania, cruzando Francia y Suiza. Mientras atravieso esos países, es evidente que estoy sujeto a sus leyes. Sin embargo, es menos claro - por decirlo suavemente - que esto sea suficiente para ensanchar mis derechos democráticos. Esto no es necesariamente un problema fatal para el defensor del principio, al menos no de momento. Probablemente la respuesta más plausible sea que para que el principio sea válido se debe cruzar un umbral, ya sea con respecto al número de leyes a las que uno debe estar sujeto o con respecto a la intensidad de sus prescripciones. Así, podría afirmarse que el principio sólo se aplica un vez que un individuo se ve afectado por un número razonable de leyes o por leyes de una determinada intensidad. Creo que esta maniobra permite afirmar que el principio no es claramente absurdo. Pero hay que ir con cuidado: expresiones como "número razonable de leyes" o "determinada intensidad" funcionan como préstamos argumentativos. Por un lado, nos sacan temporalmente de un apuro; por el otro, establecen unas condiciones que tarde o temprano vamos a tener que cumplir si no queremos volver a la situación inicial. En algún momento habrá que concretar algo más el sentido de estas expresiones. Pero, teniendo en cuenta nuestras limitaciones, podemos dar por válida esta estrategia.

 

Sigamos avanzando. Como vimos en el artículo anterior, una de las dificultades del principio de todos los intereses afectados (o al menos de una de sus formulaciones) es su carácter aparentemente paradójico, pues pretende determinar quién debe tomar una decisión basándose en quién resulta afectado por ella. El problema es que esto es algo que no podemos saber hasta que la decisión ha sido tomada, pues diferentes decisiones pueden afectar a personas diferentes. Aparentemente, la modificación del principio que estamos analizando esquiva este problema: quién está sujeto a la ley es algo que está determinado con anterioridad a la decisión y que presumiblemente se mantendrá estable después de la misma. Excepto en dos situaciones: i) cuando se está decidiendo sobre la estructura misma de un sistema legal y ii) en casos de secesión. Centrémonos en este último caso. Supongamos que un grupo dentro de un estado A quiere independizarse y fundar su propio estado B. De lograrse la independencia, algunos ciudadanos de A pasarían a estar sujetos a las leyes de B. ¿Quién debería poder participar en una decisión de este tipo? Este es un problema bastante complicado, porque la respuesta variará dependiendo de cómo interpretemos la idea de "sujeción a las leyes de un estado". Más concretamente, dependerá de cuál creamos que debe ser el estado relevante. Si creemos que debe ser A, entonces todos los ciudadanos de A deberían poder participar en la decisión - es decir, todos ellos deberían poder determinar conjuntamente el perímetro y la organización de su propio sistema político. Por el contrario, si creemos que debe ser B, entonces sólo deberían votar aquellos ciudadanos de A que pasarían a estar sujetos a las leyes de B, lo que comportaría una distribución más restrictiva de los derechos de participación democrática. ¿Cómo debería resolverse este problema -si es que puede resolverse? Francamente, no lo sé. Afortunadamente, para nuestros propósitos basta con señalar su existencia.

 

Una última cuestión es la siguiente: ¿qué ocurre cuando un sistema legal no reconoce - o no reconoce en la misma medida - a determinados grupos? Por ejemplo, en la célebre sentencia del caso Dredd Scott v. Sandford, el Tribunal Supremo estadounidense declaraba en 1857 que el ordenamiento jurídico del país no reconocía a los esclavos negros como ciudadanos, y añadía que estos carecían de personalidad legal. Ahora bien, ¿se sigue de esto que al no estar sujetos a las leyes estadounidenses la exclusión política de los esclavos no era problemática? Si así fuera, esta sería una razón poderosa para rechazar el principio de todos los legalmente afectados. Por suerte para el defensor del principio, no se sigue - o al menos no necesariamente. Pero para ello debemos introducir un matiz adicional: lo que importa no es únicamente la sujeción a las leyes de un estado, sino que además esas leyes deben satisfacer uno de los más mínimos criterios de justicia: la igualdad formal. En consecuencia, el ordenamiento jurídico de un estado salvajemente injusto no debería tomarse como referencia para determinar la constitución del demos.

 

Una vez introducidos estas precisiones, sólo queda preguntarnos: ¿es el principio de todos los legalmente afectados válido? De nuevo, esto es algo que deberá decidir el lector.

 

Más en esta serie de artículos acerca de los principios que deberían regir la composición del demos.

 

 

 

 

[i] Beckman, Ludvig. 2014. "The Subjects of Collective Binding Decisions: Democratic Inclusion and Extraterritorial Law", Ratio Juris 27(2): 252-270.

[ii] Goodin, Robert. 2007. "Enfranchising All Affected Interests, and Its Alternatives", Philosophy & Public Affairs 35(1): 40-68; 56. No obstante, no está claro que está conclusión sea inevitable. Como vimos en el artículo anterior, uno puede mantener que el poder de decisión de un individuo debería ser proporcional a lo que este se juega en una decisión concreta. Esto podría servir para templar parcialmente este impulso expansivo.

[iii] Goodin, Robert. "Enfranchising All Subjected, Worlwide", International Theory 8(3): 365-389.

[iv] Ibid., 377.

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