El problema de la constitución del demos (II): El principio de todos los afectados

27/04/2018

En el artículo anterior, formulábamos la siguiente pregunta: ¿qué principios deberían regir la composición del electorado? En otras palabras, ¿cómo debería constituirse el demos? Una respuesta bastante común es la siguiente: deberían participar en la toma de decisiones democráticas aquellos individuos cuyos intereses se vean afectados por tales decisiones. Esto es lo que se conoce como el principio de todos los (intereses) afectados (The All Affected Interests Principle). Como lo ha formulado el filósofo neozelandés Jeremy Waldron, lo que este principio viene a decir es que "lo que nos toca a todos lo decidimos entre todos"[i]. Ahora bien, esta formulación es demasiado basta, y requiere que introduzcamos algunas precisiones.

 

En primer lugar, el principio, tal y como ha sido descrito, parece llevar a una paradoja. Supongamos que quienes se ven afectados por una decisión D - que incluye las opciones D1, D2 y D3 - deben tener una voz en el proceso de toma de decisiones. El principal problema con el que nos topamos es que no podemos saber quién será afectado por D hasta que la decisión no haya sido tomada, puesto que el conjunto de individuos afectados por D1, D2 y D3 podría ser diferente. Por lo tanto, no podemos identificar al conjunto de individuos afectados por D con anterioridad a su implementación, pero esto es precisamente lo que necesitamos para decidir quién debería tomar dicha decisión. Enfrentados a esta paradoja, algunos autores han sostenido que lo que importa no es quién sea de hecho afectado, sino quién puede ser potencialmente afectado[ii]. En este caso, el electorado debería estar compuesto por la suma de los individuos que pueden ser afectados por D1, D2 y D3, independientemente de cuál resulte ser la alternativa vencedora.

 

En segundo lugar, los intereses que están en juego deben ser intereses relevantes. Alguien puede tener un interés trivial en algo, pero el hecho de que ese interés se vea afectado por una decisión política no le otorga automáticamente derecho a participar en ella. Esta precisión trata de asegurar que el principio sea plausible, pero a su vez exige pagar un precio elevado: la indeterminación del propio principio. Es decir, si el principio de todos los afectados es válido o no dependerá parcialmente de si conseguimos trazar una distinción interesante (esto es, que no sea completamente ad hoc) entre intereses triviales e intereses relevantes. Y esto, por supuesto, dificulta bastante nuestra labor.   

 

Por último, cabe señalar que el principio de todos los afectados no nos dice mucho sobre qué procedimientos serían más adecuados para una decisión democrática. Por ejemplo, algunos autores[iii] han defendido que el poder de decisión de cada individuo debería ser proporcional a lo que este se juegue en una decisión determinada. Supongamos que debemos tomar una decisión sobre política medioambiental. El principio de todos los afectados nos dice que quiénes puedan verse afectados por la decisión deberían tener algún tipo de voz. Ahora bien, ¿implica esto que todos los afectados deberían tener el mismo poder de decisión? No necesariamente, puesto que alguien podría argumentar que aquellos con menores ingresos - y por tanto, con una menor probabilidad de hacer frente a un resultado adverso - deberían tener una mayor influencia en el proceso de toma de decisiones que aquellos con mayores ingresos. ¿Es esta una postura convincente? Sea cuál sea la respuesta que uno ofrezca a esta pregunta, es casi seguro que no podrá apoyarse exclusivamente en el principio de todos los afectados. 

 

¿Y qué hay del propio principio?, ¿es válido? Por supuesto que no, podría decir un crítico. De acuerdo con el principio de todos los afectados, toda Europa (o al menos el Reino Unido) debería haber participado en la votación sobre la independencia de Escocia, pero esto es absurdo. Esta objeción puede suscitar a su vez varias réplicas. Primero, no está muy claro cuánta confianza podemos tener en este tipo de intuiciones. Al fin y al cabo, la cuestión sobre el dominio de la democracia ha sido sistemáticamente descuidada por los teóricos de la democracia. Por lo tanto, considerar que las intuiciones sueltas que podamos tener al respecto pueden convertirse en indicadores fiables - o incluso en jueces - de la plausibilidad del principio de todos los afectados parece una idea bastante poco fundamentada. Desde luego, de esto no se sigue que no podamos recurrir bajo ningún concepto a nuestras intuiciones, pero sí que estas difícilmente serán decisivas.

 

Pero es que, y llegamos al segundo punto, tampoco está claro que el principio de todos los afectados no pueda explicar nuestras intuiciones sobre el caso escocés. Para empezar, porque como hemos señalado anteriormente, el principio no implica que todos los afectados deban participar del mismo modo en la decisión. Así, un defensor de dicho principio bien podría afirmar que no todos los ciudadanos británicos tenían derecho a participar en el referéndum sin tener que concluir que no tenían ningún derecho a participar en la decisión, entendida de un modo más amplio - por ejemplo, durante la negociación parlamentaria. En este caso, cuán diferente debería ser el poder de decisión de los escoceses respecto al resto de ciudadanos británicos dependería de hasta qué punto diverge lo que cada grupo se juega con la decisión. Una posible consecuencia de esta idea es que cuánto más rica sea la parte del territorio que pretende independizarse - en comparación con el resto de regiones -, más complicado será decir que es mayor lo que sus habitantes se juegan. Por lo tanto, más difícil será justificar divergencias sustantivas en su poder de decisión.

 

De un modo más abstracto, hay quienes han cuestionado que tener un interés relevante en juego sea suficiente para poder participar en una determinada decisión. Por ejemplo, tal y como afirma el filósofo Ben Saunders[iv], cuando una mujer decide separarse, su decisión puede afectar de un modo significativo los intereses de otras personas. Sin embargo, esto no significa que los afectados deberían poder votar si la mujer puede separarse o no. En este caso, la decisión de la mujer es decisiva y no puede ser tumbada por una hipotética votación doméstica. Además, continúa Sanders, hay casos en los que una justa compensación puede hacer innecesaria la inclusión. Consideremos el siguiente caso. Las políticas medioambientales de Estados Unidos (controles sobre emisiones de dióxido de carbono, etc.) pueden tener - de hecho, tienen -  efectos en lugares tan remotos como las costas de Bangladesh. Frente a esta situación, existen al menos dos posibilidades: i) Estados Unidos permite a los ciudadanos de Bangladesh - al menos aquellos con más probabilidades de sufrir las consecuencias del cambio climático - participar en las decisiones sobre su política medioambiental, o ii) Estados Unidos no expande su electorado, pero se asegura de que Bangladesh posea los medios para prevenir (y en el peor de los escenarios, mitigar) los efectos de sus decisiones medioambientales. ¿Es obvio que deberíamos preferir la primera alternativa sobre la segunda? Si la respuesta es que no, entonces tenemos un caso en que del hecho de que un grupo de individuos estén potencialmente afectados por las decisiones de otro grupo no se sigue que los primeros deban participar en las decisiones de los segundos. Esta posibilidad parece dar apoyo a quienes critican el principio de todos los afectados por no tener en cuenta la distinción entre i) tener en cuenta a todos los afectados por una decisión (algo que siempre deberíamos hacer) y ii) incluir a todos los afectados en el propio proceso de toma de decisiones (lo que tal vez no siempre sea obligatorio) [v].

 

¿Cómo podría responder a esto un defensor del principio? En primer lugar, podría responder que el ejemplo de la mujer que se plantea el divorcio es irrelevante para el principio de todos los afectados, puesto que este sólo regularía el dominio de la democracia, no su alcance. De acuerdo con esta posición, hay cosas que pueden legítimamente ser sometidas a una decisión democrática y otras que no, y la decisión de divorciarse pertenecería a esta segunda categoría. Ahora bien, qué entra y qué no entra dentro del alcance de la democracia debería establecerse de acuerdo con principios diferentes de los que regulan quién debería tomar las decisiones, donde sí actúa el principio de todos los afectados. Quién debería decidir sobre X es una pregunta diferente de qué conjunto de decisiones pueden ser legítimamente tomadas (es decir, qué conjunto de decisiones pueden ser X). Creo que esta réplica puede servir para esquivar la crítica de Saunders. Pero un nuevo inconveniente surge entonces: el principio de todos los afectados no sólo no nos dice mucho sobre los procedimientos sino que tampoco nos dice mucho sobre el alcance de la democracia. Es decir, que no nos dice mucho en general.

 

El ejemplo de la política medioambiental es algo más difícil de rebatir, y creo que muestra convincentemente que la conexión entre estar potencialmente afectado por una decisión y tener derecho a participar en ella es contingente, y no una cuestión de implicación lógica. Pero, curiosamente, esto es algo que ya parece asumir, por ejemplo, Robert Goodin, uno de los principales defensores del principio de todos los afectados. Según Goodin, lo que consigue coser satisfactoriamente los procedimientos democráticos con el principio de todos los afectados es un fin moral determinado: la protección de los intereses de los individuos. Los procedimientos democráticos y el principio de todos los intereses afectados son relevantes porque "varios resultados concluyentes nos dicen que es el mejor modo de proteger y promover los intereses de la gente"[vi]. En otras palabras, uno no debería incluir a todos los afectados porque sí, sino porque hacerlo es la mejor manera de garantizar que sus intereses queden adecuadamente resguardados. Que esto sea así o no es, obviamente, otra cuestión.

 

En conclusión: es posible que el principio de todos los intereses consiga sobrevivir a las principales críticas que se le han dirigido. Pero como hemos visto, el precio es alto: para que el principio pueda funcionar, muchos huecos deben llenarse primero, y es esperable que diferentes autores quieran hacerlo de forma diferente. En los siguientes artículos analizaremos algunas de estas propuestas.

 

Más en esta serie de artículos acerca de los principios que deberían regir la composición del demos.

 

 

[i] Waldron, Jeremy. 1999. Law and Disagreement. Nueva York: Oxford University Press: 110.

[ii] Goodin, Robert. 2007. "Enfranchising All Affected Interests, and Its Alternatives", Philosophy & Public Affairs 35(1): 40-68; 53.

[iii] Véase, por ejemplo, Brighouse, Harry y Marc Fleurbaey. 2010. "Democracy and Proportionality", Journal of Political Philosophy 18(2): 137-155.

[iv] Tal vez el artículo más accesible sea Saunders, Ben. 2012. "Scottish Independence and the All-Affected Interests Principle", Politics 31(1): 47-55.

[v] Esta crítica aparece, por ejemplo, en Beckman, Ludvig. 2009. The Frontiers of Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan: 46-47, y en López-Guerra, Claudio. 2005. "Should Expatriates Vote?", Journal of Political Philosophy 13(2): 225.

[vi] Goodin 2007, 50.

 

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