Reflexiones en torno a la prisión permanente revisable

24/05/2019

Christin Noelle @christinnoelle

 

Cuenta un conocido narrador deportivo, en un más conocido programa deportivo, que cada vez que termina una narración, especialmente después de un partido de fútbol, se le dirigen, ese mismo día o al siguiente, decenas de personas a recriminarle su actuación. Le dicen: “Córtate un poco, que se nota mucho que eres del Club Deportivo Elche” mientras que, simultáneamente, otros vienen a decirle: “Hombre, eres narrador deportivo, tu trabajo consiste en ser imparcial, canta demasiado que eres del Hércules de Alicante”. Esto tras un partido entre ambos equipos, los cuales mantienen una cierta rivalidad deportiva histórica lo que dificulta, más si cabe, que el narrador tomara parte por ambos equipos a la vez. Además, por si fuera poco, el narrador es confeso seguidor del Valladolid C.F. Entonces: ¿qué ha pasado aquí?

 

Tal como lo ve quien escribe estas líneas, se produce aquí un fenómeno psicológico digno de estudio, que podríamos calificar como “disonancia cognitiva”.  Sin embargo, el verdadero motivo por el que traemos este ejemplo a colación es por su similitud con otro concepto muy interesante, el de “ideología”. Las ideologías son atajos cognitivos que nos permiten explicar, como pequeños mapas conceptuales, los sucesos de nuestro día a día. Son callejones en el entramado laberinto del razonamiento que inducen creencias -disfrazadas de razón- en nuestros pensamientos. Por supuesto, el aficionado del Elche no es de la “ideología ilicitana”, pero ¿no se observa acaso una cierta similitud entre el operar instintivo de la ideología y el reproche irracional del hincha deportivo?

 

En todo caso, estas similitudes darían para otro artículo, y lo que queremos tratar aquí es un tema muy concreto pero que se ve fuertemente afectado por el campo de acción de las ideologías. De tal manera que, pese a ser una cuestión que podríamos definir como “de actualidad”, poco se reflexiona sobre ella si no es para reforzarse en unas determinadas posiciones previas.

 

Y es que la Cadena Perpetua, Prisión Permanente Revisable, Reclusión por Tiempo Indefinido, se reintroduce en España como propuesta de un partido político concreto, en un programa concreto y con inspiración en unos casos y hechos muy concretos. Nace desde la ideología y se somete a “debate” bajo el foco de esta. No porque no haya una discusión doctrinal, científica, al respecto – que ya veremos que la hay – sino porque hasta en esta conversación en las más altas esferas académicas se desprende un tufillo ideológico mirando según qué artículos y según qué argumentos.

 

Antes de empezar a exponer los argumentos a favor y en contra de la Prisión Permanente Revisable (PPR) – sobre la que el autor de este artículo no tiene una posición definida – hemos de señalar que no consideramos que las ideologías sean malas per se. Aunque no seamos conscientes, necesitamos un mínimo de ideología para ir al trabajo o al supermercado. No obstante, quizás sea un ejercicio sano aparcarlas al llegar la noche y, mientras uno lee el nuevo artículo aparecido en Libertalia, reflexionar sobre si todo lo que pensábamos sobre la PPR eran prejuicios o, por el contrario, indicios razonables.  

 

Analicemos, primeramente, cuáles son los argumentos más potentes y utilizados por la posición en contra a la PPR[1]. Como señala el profesor Lascuraín, un argumento a esgrimir para rechazar la implantación de la PPR es, sin duda, la falta de utilidad social que reviste, como pena, la PPR. Es decir, está generalmente aceptado que la pena ha de tener una función de utilidad, que podemos desglosar en prevención general – protección frente a la colectividad – y de prevención especial -frente a una persona determinada – para que pueda considerarse útil. Bien es cierto que ni la Constitución ni la principal legislación penal española recogen esta función como tal, pero parece obvio que la utilidad de la pena se puede desprender, en el contexto de un Estado Social y Democrático de Derecho, de los arts. 1.1 y 9 de la Constitución, como señala Mir Puig.  Por otro lado, y en esta línea, Lascuraín afirma:

 

No existen datos empíricos que avalen que nuevos incrementos en penas ya muy elevadas tengan réditos adicionales en la contención del delito, lo que confirma nuestras intuiciones relativas a la dificultad psicológica de proyectarse a muy largo plazo y al pobre peso relativo de tales agravaciones: lo que impresiona al delincuente potencial es la amenaza de una pena muy larga de prisión, sin que frente a ello parezca añadir un efecto intimidatorio relevante el hacerla aún más extensa.”[2]

 

Este punto parece acertado. La criminalidad depende de tantos factores que, como mínimo, es difícil establecer una clara relación causal entre un endurecimiento de la pena en algunos delitos gravísimos tasados y una reducción del índice de criminalidad. ¿Por qué? Porque la PPR se aplicaría – se está aplicando más bien – a un número ínfimo de casos sobre el total de delitos. Por no hablar de que, en España, se podía permanecer en prisión hasta los cuarenta años en supuestos de concurso real de este tipo de delitos.

 

Podríamos eternizarnos en este apartado mencionando estudios que apunten hacia una u otra dirección sobre la utilidad empírica de la PPR. No es ese nuestro objetivo. La lógica nos invita a considerar que una persona que se resuelve a cometer un delito castigado con PPR acepta el riesgo de los treinta o hasta cuarenta años con los que eventualmente será castigado y que, difícilmente, unos diez años más – suponiendo que pueda vivir hasta cincuenta años en la cárcel de forma “digna”- le harán desistir en su propuesta. Es más, haciendo una analogía con la pena de muerte, hay quienes afirman que las penas absolutas, como la PPR o la pena de muerte, incluso radicalizan a los criminales, que prefieren evadir la justicia por todos los medios antes que enfrentarse a estas penas. Pero repetimos que no es la voluntad de este artículo entrar a discutir hechos, sino argumentos lógicos.

 

Sin embargo, aunque quizás en términos de prevención general la PPR no sea efectiva – admiten sus simpatizantes – es irrefutable que es muy efectiva en términos de prevención especial. La persona que es condenada a PPR lo tendrá harto difícil para volver a delinquir. Y si tiene la oportunidad de hacerlo, será más un fallo del órgano que autorizó el cese de la PPR que de la propia condena en sí. Ahora bien, la tasa de reincidencia entre los condenados a tan largos períodos de prisión es, inequívocamente, baja. Véase el riguroso estudio de G. Kaiser, realizado para el TC alemán en 1977, y que analizaba la reincidencia entre condenados a prisión permanente.

 

Hasta aquí parece que los detractores de la PPR consiguen poner, cuanto menos, en duda la utilidad de esta pena. Pero es que el argumento “estrella” de los que la defienden no va en esta dirección, sino en la de la función de retribución que han de tener las penas. Los que abogan por la PPR se echan las manos a la cabeza al tiempo que exclaman: ¿Es que nadie piensa en la Justicia?

 

La función retributiva de las penas es la más tradicional de las concepciones penales y ha tenido fundamentaciones religiosas, éticas[3] y jurídicas. Tanto Hegel como Kant veían la proporcionalidad de la pena como una garantía para el ciudadano, además de atribuirle un valor a la consecución del ideal de justicia en sí mismo. En un Estado Social de Derecho nadie negará – o nadie comprometido con el sistema debería negar – que la proporcionalidad ha de ser uno de los principios rectores en el actuar de la Administración y de la Justicia, así como en la imposición de las penas. Intuitivamente, parece que son los contrarios a esta pena quienes deberían justificar por qué cabe introducir un límite o restricción a este principio tan aparentemente democrático[4].

 

Es aquí donde aparece un argumento secundario – no secundario por importancia, sino en cuanto al discurrir lógico del debate – que es que la PPR es un tipo de pena que grava en demasía unos principios, tan deseables como el de proporcionalidad, como son la dignidad humana y, bien diferente, el de reinserción social. Sobre si la PPR vulnera el principio de dignidad humana, me atrevería a decir que no hay nada definitivo. Como apunta Gallego Sánchez, el TC, al analizar el art. 15 de la CE, estableció que el carácter inhumano o degradante de una pena “depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que esta revista”. Aunque esto es más bien una premisa que un argumento, pues fácilmente se podría argüir que la “modalidad que reviste” la pena privativa, en tanto que indeterminada, es inhumana. Similarmente, es especialmente relevante cuál es el estado de los centros privativos de libertad, y si estos son en España acordes con los estándares de vida digna, sin que por ello dejen de tener una función preventiva. Parece obvio que, si el problema es en sí mismo la estancia en prisión, en tanto que degradante, el problema lo tiene el sistema penitenciario y no la pena en sí, y será igual de inhumano y degradante la pena del reo de quince años por homicidio, lo que nos llevaría a asumir que todas las penas son inhumanas y que el sistema penitenciario es inhumano. Lo cual suena muy agradable pero extremadamente poco práctico.

 

Desgraciadamente, no puedo aportar mucho más a este argumento, ya que ha de ser el lector, acorde a su esquema de valores más básico, el que acuerde para consigo mismo si una prisión permanente, una privación de libertad de por vida, es inhumana en sí misma.  Si no es inhumana o si, pese a ser inhumana, sigue estando justificada por la comisión de unos actos todavía más inhumanos a este respecto. Las discusiones morales a este punto sobre la tautología “la prisión permanente es inhumana porque supone extremo sufrimiento, y como supone extremo sufrimiento es inhumana” están impregnadas de las ideologías de las que hablábamos anteriormente, lo que dificulta sobremanera un entendimiento lógico.

 

Así pues, quedan tres cuestiones a analizar, que por el bien de la extensión de este artículo intentaremos acotar. La primera de ellas es la función de reinserción de la pena que establece taxativamente el art. 25.2 de la CE. Determina así, al igual que figura en la Ley General Penitenciaria, que toda pena y medida de seguridad ha de estar encaminada hacia la reeducación y la resocialización. Es innegable que la prisión permanente, aun incorporando la coletilla de “revisable”, choca de pleno con esta función de reinserción. No sólo por su período efectivo mínimo de cumplimiento –de veinticinco años-, sino porque presumiblemente se proyectaría en el tiempo hasta el punto de que el reo pase treinta, cuarenta o cincuenta años en la cárcel. No obstante, el TC ha perfilado que este principio no es un derecho objetivo ni subjetivo del encausado. Se trata de una directriz o mandato que el legislador ha de cumplir a la hora de realizar su política criminal. Lo que parece le quita cierta relevancia al argumento de resocialización, pero no lo desvirtúa del todo, ya que la propia pena de PPR prevé, en tanto que revisable, una hipotética rebaja en la pena privativa de libertad en función de la “reinsertabilidad” del preso.

 

Nuevamente, aparece aquí la segunda cuestión a analizar, la de la inseguridad jurídica. La PPR puede ser relativamente insegura por varios motivos. La primera es que el hecho de que no se individualice la pena, de que se condene a uno “permanentemente” y luego; “ya veremos”. Desde luego, no reviste la misma seguridad que una condena por 40 años de pena privativa de libertad –posible en la legislación española antes de la PPR–, pero el verdadero quid de la cuestión está en averiguar si es “suficientemente insegura” como para que no se deba aplicar. Quizás, este aspecto de determinación de años no es tan inseguro jurídicamente. Es decir, que el adjetivo “permanentemente” sea suficientemente claro, como llegan a admitir algunos detractores de la PPR. Sin embargo, el “ya veremos” posterior, el régimen de revisión de la pena, que implica la concesión de un tercer grado al penado –previo pronunciamiento favorable de instituciones penitenciarias y el ministerio fiscal– tras un período efectivo mínimo de veinticinco años y atendiendo a la “personalidad del penado, sus antecedentes, sus circunstancias familiares etc.,” despierta serias dudas [5].

 

Por último, respecto a la reeducación, esta está íntimamente ligada a la reinserción. De manera que se pueden aducir argumentos similares. La PPR imposibilita una correcta reinserción y reeducación del reo: ¿pero pesa más este mandato constitucional que el argumento retribucionista?

 

Me gustaría acabar compartiendo con el lector un pasaje de la versión libre de las “Metamorfosis” de Ovidio llevada a cabo por la profesora Navarro Durán. Estoy convencido de que muchos lectores, sobre todos aquellos que se consideren contrarios a la PPR, verán identificada la pena en el siguiente fragmento:

 

En ese reino maldito (el Tártaro) está el gigante Titio, de enorme cuerpo, a quien animales le comen el hígado, que le va creciendo para que el tormento sea eterno. Está Tántalo, que tiene una sed espantosa; puede tocar el agua, pero cuando la va a beber, se le aleja; tiene un hambre insoportable, un árbol le ofrece espléndidas frutas que penden sobre su cabeza, pero al querer cogerlas, se le retiran. Sísifo está empujando eternamente una enorme piedra hacia la cima de un monte; pero al llegar, ésta rueda por la ladera de la montaña, y él tiene que volver a empujarla hasta la cima. Ixión va dando vueltas sin parar en la rueda en la que está atado, a la vez se persigue y huye de sí mismo. Las cuarenta y nueve Danaides […] cogen incesantemente agua de la laguna Estigia para llenar en vano un tonel sin fondo.”

 

 

 

[1] La PPR se aplicará con carácter general en España en los casos de: Asesinato cuando la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad (Art. 140.1.1º CP). El asesinato cuando el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual (Art. 140.1.2º CP). El asesinato cuando se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal (Art. 140.1.3º CP). Los asesinatos cometidos en serie (Art. 140.2 CP). El homicidio del Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias (Art. 485.1 CP). El homicidio del jefe de un Estado extranjero, o a otra persona internacionalmente protegida por un Tratado (Art. 605 CP). Delito de genocidio (Art. 607 CP). Delito de lesa humanidad (Art. 607 bis)

 

[2] LASCURAÍN Juan Antonio, “Si es permanente es inhumana: si es revisable, es imprecisa”. En El Derecho, Lefreve. Madrid, 2013.

 

[3] Como recoge Mir Puig, es famoso el ejemplo de Kant en el que en una isla cuya población decidiese disolverse y dispersarse por el mundo, y en la que se plantease la cuestión de si hay que mantener el castigo pendiente de los delincuentes. Según Kant aunque el castigo resulte del todo inútil para la sociedad debería ejecutarse hasta para el último de los asesinos para que “todos comprendieran el valor de sus actos”, de acuerdo con la tesis del prusiano.

 

[4] Mención aparte merecería el tema de los castigos corporales. La proporcionalidad en sentido puro que, por razones humanitarias, abandonan los Estados Sociales y Democráticos de Derecho.

 

[5] Con todo esto, el breve análisis que aquí se ha intentado hacer ha pasado por alto la parte procesal de la PPR, intentando ceñirse a la sustantiva. Y es que, a nivel procesal, la PPR en España resulta, actualmente y como mínimo, muy criticable.

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