Reflexiones sobre el velo islámico en el trabajo

Según el TJUE una empresa puede exigir a sus trabajadores que estén de cara al público que vistan de forma “neutra”, sin símbolos ideológicos, filosóficos o religiosos. ¿Es justa esta sentencia? ¿Qué límites en la vestimenta puede exigirse en el lugar de trabajo? 

 

Hay quien ha visto en esta polémica una cuestión relacionada con la libertad de expresión o la libertad religiosa. Incluso hay quien ha planteado la discusión en términos principalmente semánticos preguntándose si verdaderamente hay vestimentas que pueda considerarse neutras. No creo que ninguno de esos planteamientos sea adecuado. A mi parecer la moralidad de esta sentencia debe abordarse de la siguiente manera.

 

Para empezar hay que tener claro que si las personas no necesitáramos trabajar para vivir, entonces las empresas  deberían poder contratar sin más límites que los de la voluntad de las personas implicadas. La libertad de las partes debería determinar todo el contenido del contrato laboral. Por ejemplo, si hubiese algo así como una renta básica no debería existir derecho laboral, meramente derecho civil. Y si un empresario no quisiese contratar a alguien por su religión, color, o sexo, tendría derecho a hacerlo.

 

Sin embargo, a día de hoy, el trabajo es un bien escaso a la vez que necesario, por lo que su comercio no puede ser libre. El trabajo es un bien de primera necesidad y no una comodidad más y por ello quien “vende trabajo” debe hacerlo como quien vende agua en el desierto: si alguien está dispuesto a pagar su precio justo –sea eso lo que sea-, debe poder comprarla, sin que otras condiciones sean exigibles.

 

Así las cosas la pregunta es ¿qué tipo de exigencia es no llevar velo cuando se trabaja de cara al público? ¿Es una condición necesaria para desempeñar correctamente la tarea en cuestión –es parte del precio del agua- o es una condición extra, un capricho del empleador, que nada tiene que ver con el trabajo y que por tanto no cabe exigir?

 

En mi opinión esta es la única pregunta relevante y la cuestión a discutir. La libertad de expresión o la libertad religiosa, así como qué sea la neutralidad en el vestir, no tienen ninguna importancia en este caso. Pues del mismo modo como no habría problema alguno en exigir a una modelo de peinados que trabajase sin velo o kipá, tampoco debería haber problema en exigir la falta de velo o kipá para trabajar de cara el público, si es que efectivamente fuese necesario para el trabajo en cuestión. Pues que la práctica de cierta religión, ideología o filosofía sea incompatible con cierto trabajo es tan problemático o discriminatorio como que ciertos trabajos sean incompatibles con ser bajo, o poco inteligente: no es un problema. Ya que si bien es cierto que todo el mundo debe poder trabajar, eso no significa que todos los trabajos deben poder ser desempeñados por cualquier persona dadas sus cualidades/idiosincrasias.

 

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas pues, ¿quién o qué fija el contenido de cada puesto de trabajo? ¿Cómo podemos saber si el trabajo de recepcionista requiere cierta presencia o cierto “look”, con el que, por ejemplo, sería incompatible un velo islámico?

 

A primera vista parece que es el empleador quien debe fijar el contenido de cada trabajo. Es decir, si yo busco a alguien para que haga X entonces X será el contenido del trabajo.

 

Sin embargo, esta primera opción abre la puerta a muchos abusos. Pues permite camuflar los prejuicios injustificados del empleador como parte del trabajo en cuestión. Es decir, permite fingir que el trabajo en cuestión es incompatible con determinadas vestimentas  cuando en el fondo no lo es.

 

Entonces, ¿quién o qué fija qué puestos de trabajos se necesitan verdaderamente? La respuesta intuitiva parece que es: el mercado. Es decir, una empresa necesita aquel trabajador cuya labor le será más rentable. Sin embargo, ¿qué hacer cuando una trabajadora con velo es menos rentable para la empresa que otra trabajadora sin velo, incluso cuando los dos realicen exactamente el mismo trabajo? Es decir, ¿y si son los prejuicios de los compradores los que hacen que tener una trabajadora con velo conlleve menos rentabilidad porque los potenciales clientes boicotean a la empresa en cuestión por tener determinado tipo de trabajador?

 

Asumamos que no, y digamos que no es el mercado tal y como existe quien determina el contenido de los diversos trabajos, sino más bien un mercado ideal, un mercado cuyos compradores tienen gustos muy diversos pero no tienen prejuicios inmorales contra ningún grupo en concreto.

 

Ahora bien, surge de nuevo otra dificultad: según el criterio anterior un empresario tendría  derecho a no contratar a una mujer con intención de tener hijos ya que, incluso en un mercado libre de prejuicios, contratar a una mujer que va a tener hijos es menos rentable que contratar a otra persona que no estará varios meses de baja. ¿Significa eso que es justo no contratar a mujeres que van a tener hijos?

 

De nuevo, asumamos que no. Asumamos que, por motivos obvios de interés público, no debe ponerse trabas a que las mujeres con intención de tener hijos puedan acceder al mercado laboral. Surge entonces una última pregunta: si por una cuestión de interés público el empresario tiene el deber de contratar a personas que son objetivamente menos rentables, ¿no se le debería indemnizar de algún modo? Es decir, si es una cuestión de interés público que el colectivo X pueda acceder con facilidad al mercado laboral, ¿no debería ser la sociedad en su conjunto -y no la empresa individualmente- quien pagase el sobrecoste que eso originase? ¿Qué sentido tiene que un individuo -o un grupo de individuos- cargue con lo que consideramos un fin de interés general? ¿No sería más razonable que fuésemos todos a través de los impuestos quienes sufragáramos esos gastos?

 

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