Secesiones unilaterales: ¿pueden ser legales en algún Estado?

 

No hace muchos años, la Corte Suprema del Canadá abrió la puerta a la secesión legal del Quebec. Tan sonada decisión podría llevarnos a pensar que, al menos en algunos ordenamientos, la secesión legal es una posibilidad. ¿Es así realmente? No lo creo. A mi parecer, cabe afirmar de forma general y sin necesidad de consultar ninguna constitución que las secesiones unilaterales no podrán ser nunca legales (con independencia de si pueden ser legítimas, cuestión muy diferente). Hablar de secesiones unilaterales legales es como hablar de círculos cuadrados, una contradicción. Veámoslo.

 

Si el ordenamiento jurídico de un Estado incluyese mecanismos legales para permitir la secesión de alguna de sus regiones en caso que esta cumpliese ciertos requisitos, entonces ya no podría afirmarse que esas regiones formasen parte del Estado en cuestión, (incluso antes de la activación de tales mecanismos.) Y si no formasen parte del Estado en cuestión (incluso antes de la activación de esos mecanismos), entonces la hipotética independencia no podría calificarse como “secesión”, por cuanto las secesiones requieren de la existencia de un sólo Estado (y no varios). La hipotética independencia sería un mero divorcio entre dos sujetos pre-existentes que convivían en íntima relación, nada más.

 

Me explico: para que una institución sociopolítica pueda llamarse Estado, necesita tener la última palabra en el plano jurídico. Es decir, necesita ostentar la capacidad de decidir unilateralmente qué ley rige dentro de sus fronteras. En caso contrario no podríamos hablar de un Estado soberano, y por extensión tampoco de un Estado. Ilustrémoslo con un ejemplo. A primera vista la UE podría parecer un Estado: posee un territorio determinado, una población constante, un parlamento más o menos poderoso, una moneda propia e incluso algo así como un ejército. Sin embargo, sabemos que no es un Estado. ¿Por qué? Porque carece de soberanía. La última palabra en el plano jurídico no la tiene la Unión, (sino los –ahora sí- Estados miembros).

 

En efecto, la UE no tiene la última palabra en el plano jurídico y por tanto no decide soberanamente qué ley se impone en cada lugar, esto es, en su supuesto territorio. Cualquier región que se niegue a seguir bajo el mandato de las leyes comunitarias puede abandonar la Unión sin pedir permiso a nadie (aunque para ello tenga que seguir unos costosos trámites a los que antaño se comprometió). El reciente Brexit es el ejemplo perfecto de ello. Quien tiene la última palabra dentro de la UE, quien decide qué ley rige aquí o allá es, a fin de cuentas, el conjunto de Estados soberanos que la integran. Los Estados siempre tienen la opción de “irse” y dejar atrás el ordenamiento comunitario en pro del que ellos decidan. Y por tanto, como en último término está a su arbitrio decidir qué ley rige en sus territorios, las instituciones que merecen el nombre de Estado son los miembros de la UE, y no la UE en sí misma.

 

Por esta misma razón, si un Estado incluyese en su ordenamiento mecanismos para que sus regiones pudieran independizarse unilateralmente tras cumplir determinados requisitos, entonces no podría decirse que esas regiones formasen parte del Estado en cuestión. Pues tal y como ocurre con la UE y sus miembros, en cualquier momento cualquiera de esas regiones podría activar el proceso de secesión y dejar atrás el antiguo ordenamiento. Así, la última palabra sobre la ley que rige en el territorio de la región no la tendría el Estado, sino la supuesta región. Por todo ello cabe concluir que un Estado con un mecanismo así – pensemos, por ejemplo, en el caso de Etiopía – no sería un verdadero Estado, sino una unión más o menos íntima de Estados pre-existentes. No estaríamos ante un Estado, sino ante una confederación de Estados. 

 

Puede parecer simple, pero se trata de la misma idea que late detrás del artículo 1256 del Código Civil que establece que los contratos no serán válidos si su cumplimiento queda al arbitrio de una de las partes. No puede ser de otra manera, pues una obligación no será tal si una de las partes puede escoger si tiene el deber cumplirla: una obligación voluntaria es lo mismo que un soltero casado, un absurdoEn definitiva: si una región pudiese decidir si cumplir o no las leyes del “Estado madre” –i.e decidir si independizarse o no-, entonces lo cierto es que ya no podría hablarse de “Estado madre”, ni de leyes. Una ley voluntaria -o de la que cabe escaparse legalmente- no es una ley verdadera.

 

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