Weber, corrupción y modernidad (II): A grandes males, grandes remedios


Libertad y liberación

Acabábamos la primera parte de este texto introduciendo la distinción weberiana entre vivir “de” y vivir “para” la política, que separa aquellos que requieren de la política para subsistir y aquellos que no. Esta independencia, o la falta de ella, es el centro de todo el asunto. Veamos por qué.

Pueden distinguirse diversas formas de corrupción según el espacio en el que se desarrolle – público o social-; y el objetivo que persiga – material o inmaterial -; tendrá diferentes consecuencias. En cualquier caso, la corrupción es, en una definición genérica, el uso de medios comunes (o de terceros) para finalidades privadas. De entre las dos formas de corrupción que afectan a la política - que se desarrolla en la esfera pública-: en este texto trataremos de abordar la que refiere a medios públicos y los fines materiales privados por dos motivos: es, en opinión del autor, la más grave, y es más fácil de resolver que la corrupción pública inmaterial [1]. Dicho lo anterior, y antes de empezar, un recordatorio: el origen último de la corrupción no es otro que la misma naturaleza humana, así que mientras la política sea hecha por personas, habrá corrupción en ella. Por tanto, el fin de cualquier medida anticorrupción no debe ser eliminarla, sino reducirla todo lo posible.

Como decíamos, hasta hace menos de 100 años era normal que los parlamentarios y demás políticos de las incipientes democracias europeas ocuparan su puesto de forma gratuita, sin cobrar. En ello hay algo claramente razonable, pues se entendía que el propio cargo era pago más que suficiente. No obstante, es evidente que, a fin de que todo el mundo pueda acceder a los cargos públicos es necesarios que estos sean remunerados - quizás incluso que sean remunerados de por vida-. Aun así, aunque en su origen estuviera plenamente justificado el asalariar la política, debe entenderse que quien vive “de” la política “trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos”[2] y que, por ello, y a diferencia de aquel que vive “para”, - es decir, aquel que no necesita de una remuneración económica por la actividad política.- quien vive “de” la política ha limitado su libertad, pues “la libertad sólo puede llegar a quienes tienen cubiertas sus necesidades”[3]. Y no la han limitado en una profesión cualquiera, lo han hecho en aquella en que la libertad es más relevante.

No se trata de un problema menor. Incluso cuando quienes vivan “de” la política fueran enormemente honrados, y no robaran del erario público o se sirvieran de sus influencias para beneficiarse a sí mismos o a los suyos, también habrían corrompido la política, pues necesitan seguir en ella para percibir un salario que garantice su subsistencia. Sólo los ya liberados deben poder constituirse en cuerpo político. Y, por tanto, si el trabajo político asalariado es la fuente de la corrupción, debemos eliminar la fuente - dado que no podemos eliminar a los hombres -: es necesario eliminar el sueldo en política.

Eliminar el salario en política quizá puede parecer una medida desproporcionada, la amputación de un brazo que sólo ha sufrido una pequeña herida. No es así. A continuación trataré de exponer por qué el salario es una suerte de gangrena política que poco a poco se extiende por las instituciones, la administración, los partidos, los periódicos, y muchos otros, - fomentando esa corrupción pública material que antes enunciábamos- y que el único método eficaz para acabar con ella es cortar la dependencia del político de su salario.

El lector ya sabrá que en democracia, los partidos ganan y pierden representación en las elecciones y por ende, en las instituciones. Sin embargo, los políticos “profesionales” que viven “de” la política, no disminuyen. Dicho de otro modo, se ganen o pierdan las elecciones, las bocas a alimentar en un partido serán las mismas. Es por ello que los partidos políticos - incluso en sus formas menos desarrolladas de los tiempos de Weber - “son vistos por sus seguidores como un medio para lograr el fin de procurarse un cargo”(p. 101).

Dicho de otra manera, como es imprescindible para la política de hoy en día que se pague a quienes trabajan en ella, y en la medida en que las instituciones públicas tienen estos cargos limitados, “toda lucha entre partidos persigue [...] el control sobre la distribución de los cargos”(p.101). Cargos tanto en el sector público como en el sector privado. Cargos que el propio Weber señalaba en “partidos, periódicos, hermandades, cajas del Seguro Social, organismos municipales y estatales”(p.99); y a los que nosotros añadiríamos las eléctricas, grandes constructoras, firmas jurídicas, consultorías y otras empresas estratégicas. Según esta explicación, las “puertas giratorias” no serían la consecuencia de la “maldad de los políticos”, sino casi una necesidad vital de los partidos. Así, la explicación habitual de este fenómeno viene a decir que los políticos se aprovechan de su recorrido, conocimiento y relaciones personales y profesionales en el sector público para obtener un trabajo muy bien remunerado en una empresa privada que quiere beneficiarse de su influencia. No obstante, desde la perspectiva que explicábamos antes, no se trataría de eso -o no solamente-, sino de un sistema creado y mantenido durante décadas para garantizar salarios a los miembros de los partidos políticos.

Si la explicación de las “puertas giratorias” fuera la primera, bastaría con implementar una legislación que restringiera o prohibiera a los políticos desempeñarse en determinadas empresas, imponer multas o penas muy severas por usar su influencia para beneficiarse a ellos o a la compañía para la que trabajen, o otra cualquier medida similar. Sobre el papel, si el problema fuera este, estas medidas serían probablemente suficiente. No obstante, si la explicación de las “puertas giratorias” es la segunda (o incluye elementos de la misma), ya no estamos ante la falta de honradez de unos pocos o de muchos políticos que se venden al mejor postor. Estamos ante un problema sistémico y connatural al sistema de partidos porque lo que está en juego es -nada menos que- la subsistencia de los propios partidos políticos, es decir, de su capacidad para captar y mantener a militantes y políticos en sus filas que de no tener un cargo - y su salario -, no podrían dedicarse a la política profesionalmente. Y eso implicaría que el problema se daría en todos los niveles del partido, tanto entre los políticos de gran trayectoria, como en los recién iniciados.

Esta interpretación supondría un problema aún mayor y es que al estar el futuro económico de cada miembro del partido en manos del propio partido, se limita enormemente la libertad del político: su salario y su futuro dependen de que haga y diga lo que se espera de él. Ese político, especialmente si ocupa un cargo electo, ya no se debe a la ciudadanía, sino al partido. Sus jefes no son los ciudadanos, “frente a la maquinaria partidista, el Parlamento ha perdido todo el poder del país” (p.137).

A todo este problema, aún le queda una última vuelta de tuerca. Hemos visto cómo los políticos, especialmente los que son o quieren ser cargos electos, deben ceder el ejercicio de su poder si quieren mantener o prosperar en su carrera; y que esto les impide actuar libremente o siguiendo el mandato de sus votantes. Hemos visto también que este político cede al partido ese poder a fin de garantizarse un cargo en el presente y en el futuro. Ahora bien, ¿quién controla el partido? ¿quién controla todo ese poder?

Asimismo, también hemos visto que los partidos políticos tienen la necesidad de encontrar cargos que poder ofrecer a sus miembros, y no los buscan sólo en la Administración, también lo hacen en otro tipo de organizaciones como en empresas privadas, asociaciones, sindicatos, lobbies, etc… Se cierra entonces el círculo de la corrupción: en el afán por procurarse cargos suficientes, negocian con su poder e influencia. Así es como esas empresas - y otros organizaciones - acaban influyendo en la política, escribiendo leyes y colocando a políticos afines a sus intereses.

En definitiva, y reduciendo la cuestión a su esencia, la necesidad de quien vive “de” la política, pone en marcha una cadena de necesidades y favores que acaba por sustraer el poder a los políticos y cediéndolo a un tercero, viciando indefectiblemente el proceso político, y creando las condiciones para que la corrupción pública material de la que hablábamos más arriba sea posible. De este modo, aquellos que viven “de” la política son enormemente vulnerables ante las presiones o amenazas que puedan sufrir, y su opinión y criterio en la toma de decisiones estará a merced de aquellos que puedan perjudicarle. Al no disponer de recursos suficientes como para ser independiente del salario que percibe - y de los que espera percibir en un futuro -, su poder político lo ejercerá quien le pague. Esto deja al político que vive “de” la política en una situación muy vulnerable. Independientemente de que se trate de un parlamentario, un ministro o un periodista, no podrá hablar con su propia voz. Este problema se agrava para aquellos que son, además, representantes públicos, ya que si bien estarán sometidos al escrutinio de los votantes, la defensa de sus intereses, si eso llega a suceder, será mera casualidad.

Quizá se aprecia mejor ahora que la corrupción en política no la hacen sólo aquellos que cometen delitos, también quienes simple y llanamente aceptan un salario a cambio a de su influencia. Los políticos y los partidos - en su voluntad de hacer de la política una fuente duradera de ingresos, y conocedores que los obtendrán de las arcas públicas, pero también de empresas privadas y otras organizaciones - no desarrollarán leyes o políticas que perjudiquen a sus futuros empleadores, y esto, en muchos casos, perjudicará a los ciudadanos.

Pongamos algunos ejemplos. En España, en 2018, aumenta el precio de la luz, el agua, el gas y los carburantes; se mantiene impuesto al sol; sube el precio de las viviendas, sean de alquiler o de compra; sube el transporte colectivo; se mantiene un elevado gasto en material escolar y guarderías; y un larguísimo etcétera. Sin pretender decir con esto decir que la política se haga con la finalidad de favorecer a las empresas (ni siquiera que esa sea la finalidad más importante), sí parece razonable pensar que podrían adoptarse medidas más favorables a los ciudadanos y que contarían con su apoyo y votos. Sin embargo, no se hace. ¿Por qué? Porque políticos y partidos juegan a un difícil equilibrio entre no perder votos y mantener sus cargos (presentes o futuros) en empresas y otras organizaciones. La dependencia del sueldo, le arrebata a la política su objetivo primerísimo y último: mejorar el mundo.

A grandes males, grandes remedios: una propuesta

Dicho todo lo anterior, si la dependencia del salario causa este gran problema en la política, la solución parece sencilla: eliminarlo. Ahora bien, para hacerlo, en las democracias representativas tenemos dos soluciones: volver al siglo XVIII, no remunerar al político y establecer barreras económicas para la vida política; o, en cambio, buscar una solución alternativa, en mi caso, propongo establecer una Renta Básica de Ciudadanía. Si convenimos con Weber que “plenamente libre en este sentido es solamente el rentista, o sea, aquel que recibe una renta sin trabajar”, pues tiene las necesidades cubiertas y el tiempo disponible, porque “sus ingresos no dependen del hecho de que él consagre a obtenerlos todo o una parte importante de su trabajo personal y de sus pensamientos”; entonces, un ingreso ciudadano, universal e incondicional orientado a sufragar, como mínimo, el coste de la vida, es la mejor solución posible para evanescer la separación entre el vivir “para” y el vivir “de”.

Una renta de este tipo liberaría a todo individuo de la sociedad para que escogiera su propio modo de vida sin coerciones, optando por la ocupación que más le realizara. El objetivo sería convertir el trabajo político -en la concepción amplia aquí expuesta- en vocacional y evitar de este modo que se produzca la dependencia económica del cargo en que se prefiere conservar el puesto de trabajo (y su remuneración) a todo precio. La remuneración por el trabajo político profesional debe ser de tal cuantía que cualquier ciudadano quiera y pueda renunciar a ella con tal de preservar su dignidad y la libertad común. En definitiva, este es un intento por convertir la política en una actividad vocacional, escasamente remunerada - limitando o prohibiendo percibir incluso remuneraciones de otras fuentes - , para que la ocupen aquellas personas con una elevada pasión por la política en sí misma, y no a quienes esperan sacar algo de ella, pues estos últimos son prestos a venderse, a corromperse, a cambio de una remuneración. Si no podemos convertir a los políticos en monjas, convirtamos a las monjas en políticos; y para ello, igualemos a todos los miembros de una sociedad a la condición inicial de monjas para desincentivar la ocupación política como fuente de ingresos.

Sin embargo, ¿sería tal propuesta viable? ¿Y efectiva? No lo sabemos. Muchos estudios tratan de justificar que sí, pero estos estudios se basan en el mundo y en los comportamientos humanos de hoy, sin Renta Básica. Cuáles serían las preferencias, las decisiones y el comportamiento de las personas en un mundo con Renta Básica es un misterio, y probablemente ningún estudio pueda concluir nada sobre ello, en un sentido o en otro, hasta que no se pruebe en serio.

A pesar de lo anterior, y para satisfacer a los más curiosos, describo a continuación una simulación que justifica la factibilidad de esta propuesta. Según apuntan los estudios del propio Van Parijs, pero sobre todo los estudios sobre la financiación ensayados por un grupo de autores catalanes – Bertomeu, María Julia; Domènech, Antoni; y Raventós, Daniel[4] -, es que tal tipo de renta podría otorgarse individualmente a cada ciudadano procediendo a la reforma de los impuestos sobre la renta. Esta modificación del IRPF consistiría en el establecimiento de un tipo único del 57,5% para todas aquellas rentas superiores a la Renta Básica, que quedaría completamente exenta de impuestos y ascendería a 5414 € para adultos y 2700 € para menores. El resultado de tal modificación sería la autofinanciación de la Renta Básica – no requeriría de otros impuestos para sufragarse – y que el 70% de la población saldría beneficiada con la media – saliendo perjudicada sólo un 20% - y permitiendo así que un Parlamento aprobara la propuesta con una amplia mayoría.

Ahora bien, incluso aunque fuera posible económicamente, por qué optar por esta medida y no por cualquier otra menos subversiva o costosa. ¿Por qué no aplicar una renta similar sólo a los políticos? Porque de aplicarla sólo a la política no conseguiríamos el efecto buscado: no atraeríamos sólo a aquellos con pasión por transformar el mundo y sin demasiado interés por el dinero, sino también a muchos que quieren la seguridad de una remuneración duradera, aunque sea baja. Si extendemos el efecto a toda la sociedad, y dadas las fuertes restricciones que se impondrían a complementar la Renta Básica de los políticos con otras remuneraciones, sólo atraeríamos a los menos susceptibles de corromperse. Y además, porque, como hemos visto, el poder político no está sólo en los Parlamentos, también lo está en los lobbies, en los medios de comunicación, en los entes sociales, y en cada uno de nosotros. La corrupción es echar mano al dinero de todos e intercambiar favores, pero también es obedecer instrucciones injustas, no levantar la mano y someterse para no perder el salario. Protegernos contra la corrupción requiere de instituciones limpias, pero también periodistas libres y ciudadanos honrados que denuncien los abusos. Como ser honrado con hambre y sin techo es difícil, debemos extender la medida a toda la sociedad para liberarnos a todos de la tiranía del estómago y el frío que nos fuerza a renunciar nuestros principios, y hace más fácil que la política no cumpla su cometido.

Dicho todo lo anterior, e incluso aunque aceptáramos de antemano que esta propuesta sería una medida eficaz, aún quedaría una pregunta por responder. ¿Valdría la pena? O dicho de otro modo, ¿está justificado adoptar una medida de tanto calado y consecuencias tan desconocidas como la Renta Básica para arreglar este problema? ¿No sería una medida desproporcionada para problema que pretender resolver?

Creo humildemente que estaría justificada. De entre todas las herramientas de las que dispone la humanidad para hacer avanzar la Historia, los derechos, la protección de los vulnerables, la erradicación del hambre y de la enfermedad, combatir el cambio climático, etc.. o resumiéndolo, el bienestar y la Justicia; de entre todas esas herramientas, probablemente la política sea la herramienta más capaz de transformar nuestras sociedades. Sin ella, o con ella en manos de incapaces o de corruptos, no hay garantías de hacerlo. Corresponde, por último, al lector valorar si las hipotéticas ventajas que de esta ambiciosa propuesta, sumadas a los supuestos efectos positivos pregonados de una Renta Básica, compensarían las incertezas, los riesgos y los costes que de bien seguro tendría.

[1] Una propuesta para resolver esta última, es decir, la relativa a medios públicos y fines inmateriales privados - como podrían ser la fama o el prestigio -, requieren de una reflexión aparte. Por abrir brevemente esta puerta, imagine el lector que decidieramos forzar a los políticos al anonimato - como si de cultistas de una secta se trataran. De ese modo probablemente evitaríamos que entraran en política quienes desean la fama, el protagonismo, - y todas las tonterías y malas decisiones que se toman para obtenerlo -, pero, al mismo tiempo, estaríamos imposibilitando dos elementos fundamentales en democracia: la representación y la rendición de cuentas.

[2] Todas las citas son extraídas de: Weber, Max; “El político y el científico” (UNSAM, www.bibliotecabasica.com.ar); p. 7.

[3] Arendt, Hannah; Op. Cit.; p. 185.

[4] Bertomeu, María Julia; Domènech, Antoni; y Raventós, Daniel; “La propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía” (Revista Sin Permiso, artículos en la Web, www.sinpermiso.info); p. 2

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