Weber, corrupción y modernidad (I): Tiki-Taka


Hace algunos años, movido por la curiosidad de saber si se puede atraer a la política a aquellos que tienen verdadera vocación para ella, decidí realizar un pequeño experimento. Los sujetos de tal simulación fueron los jugadores del equipo de fútbol del que era entrenador: jóvenes de 10 a 11 años que entrenaban en la Unió Esportiva Castelldefels y que, por tanto, estaban dentro de la disciplina de la escuela, cuya peculiaridad residía en que los entrenadores estábamos obligados a hacer jugar a los chicos un monto fijo de minutos independientemente de sus capacidades y esfuerzo. Los miembros del equipo que entrenaba – 16 jugadores – constituían, en mi experimento, una sociedad en que la unidad salarial se medía en minutos de juego por partido (y no en euros). Y, como decía, por instrucciones de la escuela, cada jugador debía disputar una media de 35 minutos mínimo por partido – que son de 60 minutos -, es decir, todos los jugadores tenían garantizada una Renta Básica de 35 minutos. Sólo los pocos que por atributos y esfuerzo eran capaces de merecer “salarios” más elevados, disponían de más minutos por partido, pero sin llegar nunca a los 60 (porque eso imposibilitaría repartir los 35 minutos mínimos por partido entre el resto de jugadores.)

Comprobado que el equipo de fútbol que dirigía era una sociedad con Renta Básica, quise observar qué ocurría con los homólogos futbolísticos de los políticos: los capitanes. Los capitanes en mi equipo se ofrecieron libremente para el puesto al principio de la temporada a través de un texto que todos los jugadores redactaron sobre si querían ser ser capitanes y por qué motivos. Como los candidatos fueron tres, ascendieron directamente al cargo, asumiendo una serie de responsabilidades: presenciar y firmar el acta, dirigirse al árbitro, gestionar las líneas defensivas del equipo y ser el interlocutor principal a la hora de asumir responsabilidades por un mal partido. Es decir, el trabajo de “político” en mi equipo tenía una serie de costes – bastante elevados si se me ha visto alguna vez gritando desde la banda – que, no obstante, no eran remunerados con más minutos de juego, o sea, más salario, bajo ningún caso. El resultado de este sistema fue el siguiente: a lo largo de 5 años y con distintos equipos siempre surgieron buenos capitanes, de carácter vocacional, implicados en las labores y con pasión por la distinción.

A fin de comprobar si la inclusión de la remuneración del trabajo “político” de capitanear al equipo podía convertirse en un incentivo para que otros jugadores quisieran alcanzar tal cargo , diseñé una serie de ejercicios para recompensar a los capitanes con mayor cantidad de minutos de juego en los partidos de entrenamiento. La sorpresa fue que en la segunda repetición y hasta la antepenúltima repetición del experimento, 10 jugadores, (no incluidos los 3 capitanes originales), quisieron ostentar el cargo para jugar más minutos. Las dos últimas repeticiones del ejercicio se efectuaron haciendo constar a los capitanes que no habría minutos extra por las responsabilidades adquiridas. Es muy curioso destacar que tal información redujo el número de candidatos de 10 a 1, más los tres capitanes originales – que mantuvieron su interés constante a lo largo de todos los ejercicios.

El poder político en la modernidad

Uno de los problemas principales en la política es la corrupción; y este texto en dos partes pretende hacer una propuesta sobre cómo resolverla, pero para llegar a ese punto, necesitamos abordar una reflexión previa sobre qué es la política y qué es un político. Sin ese primer esfuerzo de contextualización, cualquier otra reflexión sería probablemente imprecisa. El objetivo de la primera parte de este texto será, por tanto, introducir la cuestión y para ello nos acercaremos a la política a través de las reflexiones de Max Weber a fin de responder ¿qué es un político? ¿por qué hace política? y ¿qué consecuencias se derivan de ello?.

La política es aquel conjunto de acciones cuya finalidad es “la distribución, la conservación o la transferencia del poder” (p. 84), pero no de cualquier tipo de poder, sólo del poder público. ¿Y qué caracteriza al poder público? Ser el poder que se ejerce en la “relación de dominación de hombres sobre hombres que se sostiene por medio de la violencia legítima (es decir, la que es vista como tal)”. (p. 84) [1].

Es relevante destacar que en esta definición weberiana del poder político, no se incluye el “ejercicio” de ese mismo poder. Esto se debe a que en el Estado moderno, el poder público se ejerce, materialmente, por cuerpos funcionariales cuyo deber es obedecer las instrucciones de sus jerárquicamente superiores, es decir, de quienes ostenten el poder político. Y es especialmente relevante por cuanto, en el Antiguo Régimen y en otras fórmulas históricamente anteriores de asociación política, quienes ejercían el poder, también participaban de la distribución, conservación o transferencia del mismo, como es el caso, por poner un ejemplo, de los señores feudales en la Edad Media. Expropiar a estos estamentos del poder político es una de las principales características del Nuevo Régimen.

Más de 100 años después sabemos que las burocracias - muy desarrolladas en oposición a las que Weber conocía -, sí juegan un papel relevante en “la distribución, la conservación o la transferencia del poder”, y que también participan del juego del poder político. Es decir, hoy en día las administraciones disponen de una cuota relevante de poder, y que generan resistencias y presionan a los gobiernos y parlamentos para satisfacer sus propias preferencias. Dicho de otro modo, que cuando un Gobierno decide hacer A, en muchos casos, no se hace A, ni A’, ni A’’, sinó B. Como dijo Bill Clinton: “ser presidente se parece mucho a administrar un cementerio: hay mucha gente debajo de nosotros y nadie nos hace ningún caso”.

No piense el lector, no obstante, que estas presiones y resistencias son sólo cosa de despachos en altas instancias, o que se producen sólo para reducir jornadas laborales, aumentar salarios o ampliar vacaciones; la existencia de estas presiones están acreditadas en todos los eslabones de la cadena y para todo tipo de asuntos, tanto para no aplicar medidas que el funcionariado considera inadecuadas, como para forzar inestabilidad política. Buen ejemplo de ello son las Administraciones locales: los ayuntamientos españoles empadronaban a inmigrantes irregulares para así poder ofrecerles cobertura sanitaria, usando un descuido normativo para prestarles unos servicios a los que de otro modo no tendrían acceso y en contra de la voluntad del Gobierno del Estado. O, por ofrecer otro ejemplo mucho más reciente al lector, el pasado miércoles día 8 de septiembre, un alto funcionario de la Administración Trump explicaba a través del New York Times - y de forma anónima - que existe una deliberada resistencia de miembros de la Administración en contra de las políticas de Trump “para boicotear parte de su agenda y peores inclinaciones”[2].

Weber no conoció este fenómeno como lo conocemos nosotros ahora. De hecho, dirá del funcionario que “ha de desempeñar su cargo sine ira et studio, sin ira ni prevención. Lo que le está vedado es, pues, precisamente aquello que siempre y necesariamente tienen que hacer los políticos [..]. El funcionario se honra con su capacidad de ejecutar precisa y concienzudamente [...] una orden de la autoridad superior que a él le parece falsa. Sin esta negación de sí mismo y esta disciplina ética, en el más alto sentido de la palabra, se hundiría toda la máquina de la Administración.” (p.114) Obediencia ciega que visto la parte de la Historia reciente que Weber no llegó a vivir, es discutible que sea deseable.

De esta cuestión, se derivan, además, otras como: ¿si el Gobierno no consigue hacer lo que se propone, se lo puede responsabilizar políticamente de sus políticas? ¿Y si Gobierno - que es el resultado de unas elecciones- no consigue ejecutar sus propuestas, qué legitimidad democrática tienen las políticas públicas resultado de la influencia de la Administración? Cuestiones que, aunque no son el objeto de este texto, son muy relevantes dado el gran tamaño de los Estados de Bienestar presentes en Europa, y que a mayor tamaño, más resistencias.

Pero volviendo a la cuestión principal, y visto qué es el poder, veamos quién lo ejerce. En una democracia cabe distinguir tres clase de políticos:

  • Político “ocasional”: Aquel que vota en las elecciones y/o que puntualmente se concentra o manifiesta en defensa de sus ideas políticas.

  • Político “semiprofesional”: Aquel que, sin hacer de la actividad política su quehacer principal, dedica una parte importante de su tiempo a la misma, ya sea como miembro o responsable de una Asociación Profesional; un elevado activismo; etc...

  • Político “profesional”: Aquel cuya actividad principal es la política, es decir, que dedica una gran parte de su tiempo y esfuerzo a ésta. Como es evidente, en este grupo encontramos a Parlamentarios y Ministros, pero atención, no nos dejemos también a lobbistas, editores de periódicos políticos y otros profesionales ajenos a las instituciones que trabajan diariamente para influir en “la distribución, la conservación o la transferencia del poder”.

El planteamiento de Weber en este punto difiere del más intuitivo, y es que él no consideraba políticos profesionales sólo a aquellos que viven de erario público. Para Weber, sólo es relevante el tiempo y esfuerzo que le dedican a la actividad y, como veremos más adelante, la dependencia económica que de ella tengan. Este elemento de dependencia económica será importante, pero de una forma distinta a cómo lo pensamos tradicionalmente: será un síntoma de la relación que tenga el político con su profesión.

Por ello, además de los políticos de parlamento y partido, Weber también incluye como políticos profesionales a periodistas, (profesión que de su tiempo a nuestro tiempo, ha ganado muchísima importancia). Los cambios producidos desde la revolución industrial - que transformaron a una sociedad analfabeta de 200 millones de personas en Europa en 1800 a una alfabetizada de 800 millones en 2017-, junto con los cambios asociados a internet y las nuevas tecnologías, han conferido un poder enorme a los medios de comunicación para influir en “la distribución, la conservación o la transferencia del poder” de la que hablaba Weber. Así, la política se ha desplazado del Parlamento a las Redes Sociales, al plató de televisión y a los periódicos. Los medios de comunicación crean un relato de la realidad con la selección de noticias y la perspectiva con que se explican. Y ese relato contribuye a elaborar nuestra visión del mundo. Pensar que los medios pueden ser “políticos profesionales” es -cuanto menos- algo a considerar.Piense el lector, por ejemplo, en Francisco Marhuenda, Eduardo Inda o Pilar Rahola. Desde sus respectivos espacios, bien sean blogs, radio, periódicos o televisión, tratan de influir - y lo hacen notablemente - sobre el éxito o fracaso de tal o cual político, partido o idea.

Otra dimensión reciente del ejercicio de este poder son las “fake news” o el escándalo de Cambridge Analityca que evidencian que se puede influir notablemente en las elecciones a través de la comunicación de noticias, incluídas las noticias falsas. A pesar de su poder, los medios de comunicación ni son refrendados en las urnas, ni son controlados para garantizar la calidad, fidelidad e independencia de su información. Como dicen que dijo Pedro J. Ramírez: "el periodismo es política sin responsabilidad". Así, se ha desplazado una parte importante del poder político fuera del Parlamento y, sin embargo, no se han impuesto medidas para garantizar que se ejerza adecuadamente. De hecho, como Weber describe “el negocio de los anuncios pagados ha sido el camino por el que [...] se (intenta) ejercer sobre la prensa una influencia política de gran estilo” (p.118). No sólo no se han establecido medidas de control, sino que además sabemos que los medios de comunicación son influidos –entre otros- por los anunciantes, de los que dependen económicamente.

Por todo ello, si asumimos que el poder político debe ser controlado, y convenimos con Weber que los periodistas - como los parlamentarios, los lobbistas, etc.. - son políticos profesionales que disponen de una cuota no menospreciable de poder, entonces debemos concluir que es necesario establecer controles.

Sin saber cómo se hará, parece razonable suponer que en no mucho tiempo avanzaremos en ese control; y que las medidas que se dispongan recogerán, al menos, la exigencia de que las publicaciones sean, al menos, de hechos veraces. Todo ello en equilibrio con la libertad de prensa, imprescindible en las sociedades actuales. La propuesta que se expone más adelante en este artículo para luchar contra la corrupción, también contribuiría, aunque tangencialmente, a resolver esta cuestión.

El poder político en las sociedades de masa: vivir de, y vivir para

Este fenómeno de desplazamiento del poder tiene también otro efecto que Weber observa: el perfil de profesional necesario para salir airoso y triunfar en el escenario de los medios de comunicación no es el técnico, el académico, sino el gran orador, el charlatan. “La política actual se hace, cada vez más, de cara al público y, en consecuencia, utiliza como medio la palabra hablada y escrita” (p. 113). De este modo, las democracias de masa expulsas a los capacitados técnicamente para la política, y se substituyen por personas menos preparadas en la materia, pero hábiles en manejar ruedas de prensa, redes sociales, conferencias y mítines. Profesionales capacitados en la comunicación y, en el mejor de los casos, en la negociación, la estrategia y el subterfugio, pero no en los problemas públicos y sus posibles soluciones.

Nuestras sociedades demandan políticos mejor preparados y con mayores conocimientos técnicos, pero al mismo tiempo los hace convivir con un modelo laboral y salarial volátil e intimidante: puestos de trabajo que difícilmente duran más de 4 años; el escrutinio de la vida pública y privada por parte de los medios de comunicación; y la exigencia de fidelidad al partido - que se explica más adelante-, no garantizando poder seguir viviendo de la política de no hacerlo. Y todo ello, además, con la imposición de no requerir estudios para ocupar los más altos cargos del Gobierno, a fin de proteger el derecho de cualquier ciudadano a postularse y ser elegido para tal cargo. O dicho por Weber, que “los funcionarios [...] estaban infinitamente mejor informados que su jefe sobre los problemas técnicos del ramo” (p.107), pues, por poner un ejemplo, “se podía ser Ministro de Educación en Prusia sin haber pisado jamás un centro de enseñanza” (p.107)

Si a estos políticos conocedores de las guerras de partidos y los discursos, pero no preparados técnicamente para la creación, evaluación y modificación de políticas públicas, le sumamos esa Administración pública a veces desleal - que persigue sus propios intereses y rema en contra-, tenemos el campo abonado para la toma de pésimas decisiones.

Dicho esto, que todos estos actores sean políticos profesionales no significa que no existan importantes diferencias entre ellos. En especial, y en lo que atañe a Weber, debemos hacer la siguiente distinción crucial entre aquellos que viven “de” la política y aquellos que viven “para” la política.

Según Weber, vive “para” la política aquel que actúa como político profesional (recordemos, es su actividad principal) pero que ni recibe, ni necesita, ni depende de los recompensas, prebendas o salarios que la política pueda ofrecerle. En definitiva, “para que alguien pueda vivir “para” la política en este sentido económico [...] ha de ser económicamente independiente de los ingresos que la política pueda proporcionarle” (p.95).

Al contrario de lo que muchos podrían pensar, este fue el caso de la mayoría de políticos profesionales antes del siglo XX en Europa. Con esto no se quiere decir que no hubiera gente que entrara en la política para hacer dinero, o que no hubiera malos o malintencionados políticos. Sólo se pone de relieve que, sea como fuera, incluso aunque se sirvieran de la política para obtener ventajas o influencia que les favoreciera en sus negocios, eran independientes económicamente y que al menos, en este sentido, no necesitaban buscar una recompensa económica en la política, y con ello, un (muy importante) elemento de corruptibilidad desaparecía.

En el otro extremo encontraríamos a aquellos profesionales de la cosa pública que viven “de” la política: aquellos que, por no tener otras fuentes de ingresos, obtienen su sustento material de su sueldo como políticos. ¿Pero qué relevancia puede tener esta distinción? Pues que “quien “vive “de” la política trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos” (p.95) y es económicamente dependiente de ella. De negarle la remuneración, estaríamos negándole su medio de subsistencia.

Esta distinción quizá puede parecer irrelevante en la actualidad, ya que hoy probablemente todos los “profesionales de la política” son asalariados, pero este no era el caso de los tiempos que vivió Weber. Como veremos en el segundo artículo, se trata de una distinción del todo iluminadora por las consecuencias sobre la libertad e independencia que tiene un modo de vida u otro para el profesional de la política, bien sea un político, un periodista, o cualquier otro.

[1] Todas las citas son extraídas de: Weber, Max; “El político y el científico” (UNSAM, www.bibliotecabasica.com.ar)

[2] https://elpais.com/internacional/2018/09/05/estados_unidos/1536182585_836279.html

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