Breve historia de la cadena perpetua en España


Introducción

Hoy en día la prisión se ha convertido en la pena estrella de los códigos penales, pero no siempre fue así. En el derecho romano más primitivo, la prisión tenía una función principalmente preventiva: asegurar al acusado hasta el día del juicio. Asimismo “En el antiguo derecho español, desde el fuero Juzgo hasta las Leyes de Partida, la pena de prisión, tal y como es concebida en la actualidad no existió; pero el aseguramiento de la persona del presunto responsable, con iguales propósitos que los que imperan en nuestra época, fué también necesario. Las cadenas, los hierros y las cárceles de entonces fueron para guardar al acusado, en tanto era juzgado, no para penarlo”[1]. Entonces la pena, en el sentido más propio de la palabra, se administraba normalmente a través de trabajos, golpes y maltratos diversos, siendo la muerte un castigo para nada extraño. La figura hoy desaparecida del verdugo tenía entonces mucho sentido.

La pena de prisión en su sentido moderno arranca, según la perspectiva clásica sobre el asunto, con la desaparición del Antiguo Régimen, en la modernidad y de la mano del naciente liberalismo y humanismo. “El sistema penitenciario fue creado para reemplazar, con una finalidad humanitaria, la pena capital, el exilio, la deportación y diversos castigos corporales”[2]. De este modo, la prisión se convertía en un símbolo de su tiempo. Una pena igualitaria, que afectaba del mismo modo a ricos y a pobres. Una pena que en vez de mortificar la carne -la manera en que bajo el pensamiento cristiano se expiaban los males- privaba, en justa compensación, de libertad, aquella que uno, infringiendo la ley y violando el contrato social, se había arrogado ilegítimamente.

Recientemente, el derecho penal español ha introducido en su arsenal punitivo la modalidad más extrema de privación de libertad: la cadena perpetua en su forma -para muchos eufemística- de Prisión Permanente Revisable. En lo que sigue haremos un breve recorrido por la historia moderna de esta clase de penas y repasamos alguna de la jurisprudencia nacional más relevante al respecto.

Historia

Ya en el primer Código Penal español, el código de 1822 que la Constitución de Cádiz ordenaba realizar, se recogía una modalidad de cadena perpetua conocida como “trabajos perpetuos” definida, junto con la pena capital, como una pena corporal (art.28). La naturaleza extremadamente dura de esta pena quedaba expresada sin tapujos en el art.47:

Los reos condenados a trabajos perpetuos serán conducidos al establecimiento más inmediato de esta clase, y en él estarán siempre y absolutamente separados de cualesquiera otros. Constantemente llevarán una cadena que no les impida trabajar, bien unidos de dos en dos, bien arrastrando cada uno la suya. Los trabajos en que se ocupen estos delincuentes serán los más duros y penosos; y nadie podrá dispensárselos sino en el caso de enfermedad, ni se les permitirá más descanso que el preciso”.

Un régimen que solo se excepcionaba para ancianos y mujeres:

El mayor de setenta años será destinado a reclusión por el resto de su vida si la pena de su delito fuere de trabajos perpetuos o deportación, o por el tiempo respectivo si fuere de presidio u obras públicas. El que en estas o en trabajos perpetuos cumpla la edad de setenta años, pasará a acabar sus días o el resto de su condena en una casa de reclusión, ocupándose en lo que permitan sus fuerzas”. (Art.66)

Las mujeres no podrán ser condenadas a trabajos perpetuos, obras públicas ni presidio. Si cometieren delito a que esté impuesta la pena de trabajos perpetuos, serán deportadas, y si incurrieren en la de obras públicas o presidio, sufrirán el tiempo respectivo en una casa de reclusión”. (art.67)

Y cuya “revisión” solo se podía dar:

Por medio del arrepentimiento y de la enmienda el condenado a trabajos perpetuos, podrá, después de estar en ellos diez años, pasar a la deportación…” (art.144)

En el CP de 1848 (y bajo la Constitución de 1845) se ampliaron las formas de “castigo perpetuo” incluyendo la reclusión perpetua, el extrañamiento perpetuo, las inhabilitaciones perpetuas… (art.24). Según ese nuevo código la cadena perpetua debía cumplirse en “África, Canarias o Ultramar” (art.94) con la obligación de “trabajar en beneficio del Estado” en labores “duras y penosas”, y siempre encadenado (art.96). En los arts.98 y 99 se mantenía el régimen atenuado para mayores de 60 años y mujeres.

Con el CP de 1870 (y bajo la Constitución de 1869) se esbozó por primera vez un sistema de suspensión de la ejecución de la pena a la manera actual en la que, pasado un tiempo y si todo iba bien, uno podía ser liberado. Así el art.29 decía:

Los condenados a las penas de cadena, reclusión y relegación perpetuas y a la de extrañamiento perpetua serán indultados a los treinta años de cumplimiento de la condena, a no ser que por su conducta o por otras circunstancias graves, no fuesen dignos del indulto, a juicio del Gobierno”.

No obstante, y como vemos, el sistema de revisión no era de tipo judicial, y quedaba al capricho del ejecutivo.

Por su parte, el CP de 1928 supuso un importante punto de inflexión ya que, si bien conservó la pena de muerte (art.116), eliminó la cadena perpetua limitando el tiempo máximo en prisión a 30 años (art.108). Esta tendencia se profundizó con el CP republicano de 1932 del que desapareció definitivamente tanto la pena capital como la cadena perpetua, quedando en 30 años la pena más dura posible. Sin embargo, este cambio no duró mucho ya que con el franquismo y el CP de 1944 se reintrodujo la pena de muerte como pena más severa posible.

Y así, tras la promulgación de la actual Constitución, dos Códigos Penales y multitud de reformas llegamos al 31 de marzo de 2015 en que, con mucha polémica, se publica en el BOE la modificación de la LO 10/7/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por la que se introduce la Prisión Permanente Revisable (PPR) en nuestro sistema punitivo. En la Exposición de Motivos de la misma se describe la PPR como:

"[U]na nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad […] en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción del penado, éste puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos. […]

En la prisión permanente revisable, cumplida esa primera parte mínima de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social.

La pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión."

La PPR es una pena considerada grave (art.33.2) y privativa de libertad (art. 35). Se prevé para los delitos de asesinato agravado (art.140), muerte causada por atentando terrorista (art.573 bis), muerte, agresión sexual o lesión grave causada en delitos de genocidio y crímenes de guerra (art.607.1 y 607.1bis), muerte del Rey o del heredero (art.485), y muerte del jefe de un Estado extranjero o de una persona internacionalmente protegida (art.605.1).

Para acceder a los permisos de salida -pasar unas horas o días fuera del centro penitenciario- se requiere la autorización del Tribunal (sentenciador) una vez oído el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias y previo pronóstico favorable de reinserción social. Tendrá lugar a los ocho años y a los doce años en casos de terrorismo.

Para obtener el tercer grado -régimen de semi libertad en un centro especial con la posibilidad de pasar parte del día en el exterior- se requiere la autorización del Tribunal (sentenciador) una vez oído el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias y previo pronóstico favorable de reinserción social. Tendrá lugar a los quince años y a los veinte años en casos de terrorismo (art. 36).

Por su parte, la suspensión de la ejecución requiere -por regla general- haber cumplido veinte años de condena, haber accedido al tercer grado y haber obtenido un pronóstico favorable de reinserción social (art.92).

El plazo de suspensión y libertad condicional se prevé que dure entre cinco y diez años durante los cuales puede tenerse que cumplir los deberes y prohibiciones del art.83 –como no acercarse a la víctima o el participar en programas formativos- si fuesen necesarias para evitar la reiteración. Deberes y prohibiciones que pueden irse modificando durante el período de libertad condicional. La remisión definitiva de la pena -el “perdón social”- solo tiene lugar cuando el plazo de libertad condicional haya transcurrido sin incidencias.

Jurisprudencia

Tal y como ha reiterado varias veces en los últimos años, el Tribunal Constitucional considera que las penas de larga duración y potencialmente perpetuas no son, en sí mismas, inconstitucionales siempre que existe la posibilidad de liberación y si la ejecución de la pena no conlleva unos sufrimientos especialmente intensos.

-STC 91/2000, de 30 de marzo: En este caso se analizaba la constitucionalidad de una extradición por parte de España de un criminal hacia Italia donde cabía la posibilidad de que el reo fuese condenado al “ergastolo”, la cadena perpetua italiana.

"En cuanto al carácter eventualmente perpetuo de la pena de ergastolo hemos reiterado, que la calificación como inhumana o degradante de una pena no viene determinada exclusivamente por su duración, sino que exige un contenido material, pues "depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que ésta reviste, de forma que por su propia naturaleza la pena no acarree sufrimientos de una especial intensidad (penas inhumanas) o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena".

Como vemos el TC deja claro que la duración de una pena no es el factor clave para determinar su constitucionalidad, sino que es la forma en la que se cumpla ese período de reclusión lo que determina si la misma es gravosa más allá de lo aceptable.

-STC 148/2004, de 13 de septiembre: En este caso, muy similar al anterior, el TC debía analizar la constitucionalidad de la extradición de un ciudadano albanés a su país, donde se enfrentaba además de a una cadena potencialmente perpetua, a la pena de muerte:

"La demanda aduce una última vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a la vida, integridad física y prohibición de tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), derivados de la eventualidad de que, tras su enjuiciamiento en Albania, le sean impuestas la pena de muerte o de cadena perpetua. Esta pretensión, sin embargo, ha de ser desestimada, por cuanto en la parte dispositiva del Auto de 28 de julio de 2003 constan las condiciones de la procedencia de la extradición que el Convenio europeo de extradición, la Ley de extradición pasiva, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de este Tribunal han considerado garantías necesarias y suficientes de salvaguarda de los derechos a la vida, integridad física y prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes, en este ámbito extradicional: que, caso de imponerse la pena de muerte, ésta no será ejecutada, y que, en caso de imponerse la pena de cadena perpetua, el cumplimiento de la misma no será indefectiblemente "de por vida"".

Como vemos en esta sentencia se enriquece la doctrina anterior y se establece que las penas potencialmente perpetuas son aceptables siempre que y cuando no sean necesariamente perpetuas. Es decir, cuando quepa la posibilidad de ser liberado.

Con todo lo dicho podría darse por sentado que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la prisión permanente revisable será desestimado. No obstante, algo así sería precipitado pues como se determina en la misma STC 90/2000 (así como en la STC 32/2003 y en la STC 26/2014) en los casos descritos solo se valora si esas extradiciones serían contrarias al “núcleo irrenunciable” de los derechos constitucionales y no a los derechos constitucionales tal y como rigen en España, esto es, con “eficacia plena”. Es decir, podría suceder que el TC considerase que es aceptable extraditar a alguien a un Estado con una cadena perpetua –pues algo así es coherente con la CE rigiendo de forma laxa, como rige para los extranjeros-, pero que no es aceptable que en España exista la PPR –donde todo debe adecuarse a la CE rigiendo de forma estricta. (Rodríguez et al., 2016). Igualmente, tampoco debe asumirse que la proliferación de esta clase de penas por Europa y su aprobación por parte del TEDH implique su constitucionalidad, en la medida en que el Convenio de Roma, la norma que debe aplicar el TEDH, no contempla todos los principios penales y penitenciarios limitadores del ius puniendi estatal que recoge la Constitución.

Conclusión

Mi idea es que una comprensión adecuada de la prisión permanente revisable -que se abstraiga de su dudosa regulación actual- no tendría por qué suscitar mayores problemas. Bien mirado, se trata simplemente de una pena de liberación condicional, es decir, de una pena que exige el cumplimiento de una serie de requisitos para poder ser liberado. En mi opinión, demandar a los delincuentes más graves que cumplan unos requisitos razonables para que, pasados X años, puedan ser liberados podrá no convencer a todos, pero difícilmente podría ser tachado de inconstitucional o de impropio de un Estado de Derecho consolidado. Sea como fuera, esta es una cuestión muy compleja y que merece una reflexión detallada que, por ahora, es imposible. Toca esperar el veredicto constitucional.

[1] Perez Palma, (1997: 169)

[2] Maria Rico (1985: 277)

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