Fórmate Una Opinión: Las penas


Introducción

A la hora de reflexionar sobre nuestro sistema penal y la actuación de los jueces en materia criminal deberíamos tener presente las siguientes preguntas interconectadas:

  • ¿qué son las penas?

  • ¿qué fin o fines deberían perseguir las penas?

  • ¿qué tipo de penas deben ser impuestas?

¿QUÉ SÓN LAS PENAS?

A primera vista diríamos que una pena es aquella medida estatal que supone justamente eso: una carga o un perjuicio para la persona que la sufre. No obstante, una definición espontánea de este tipo sería algo imprecisa pues convertiría a muchas de las obligaciones ciudadanas –pagar impuestos, detenerse en el control policial de carretera…- en penas.

Para que una medida pueda considerarse una pena seguramente sería necesario introducir dos elementos más: debe ser en respuesta al incumplimiento de alguna norma, y debe perseguir -al menos- el condenar o reprobar ese incumplimiento.

¿QUÉ FIN O FINES DEBERÍAN PERSEGUIR LAS PENAS?

Como vemos la misma definición de pena ya contiene algún elemento finalísitico. Sin embargo, a estos fines comunes a cualquier pena le puede acompañar muchos otros en función de la conceptualización que hagamos de las mismas. Veámoslo.

Retribución

En primer lugar, y en íntima conexión con la función condenatoria, podría decirse que una de las funciones de las penas debe ser el castigar al infractor. Es decir, el hacer Justicia dándole a cada uno lo que se merece, y en caso de un criminal, un castigo. Pues si solo se tratase de recriminar un acto que se considera negativo, entonces el penar podría consistir en un simple comunicado público de reproche.

La visión retributiva (también llamada ‘absoluta’) es una de las visiones más intuitivas y tradicionales, con renombrados defensores a lo largo de la historia –p.ej. Kant- pero no por ello libre de críticas.

Al contrario, uno podría argumentar que causar intencionadamente daño a una persona sin más fin que el propio daño –castigar por castigar- no estará nunca justificado. ¿Qué gana la sociedad –podría preguntarse uno- con que otra persona sufra gratuitamente? ¿En qué se diferenciaría entonces la sociedad de ese criminal? Como decía Hart pensar que dos males pueden hacer un bien es algo ciertamente extraño.

La respuesta a estas preguntas por parte de los retribucioncitas sería la siguiente. Pensar que así como ciertos actos nos hacen merecedores de premios, otro nos hacen merecedores de castigados, y que premiar y castigar son simplemente dos caras de la misma moneda que responden al deber fundamental dar a cada uno lo suyo.

No obstante, una respuesta así podría sonar incompleta por cuanto aún cabría preguntar ¿por qué el criminal merece sufrir?

Para muchos se tratará de una pregunta trivial con una respuesta obvia. Como decíamos, los mismos motivos que pueden llevarnos a premiar a alguien por su comportamiento excelente podrían llevarnos a castigar a alguien por su comportamiento deplorable.

Una de las respuestas más habituales en ese punto (p.ej. la de H. Morris, 1968) sería sugerir que el criminal, al saltarse la ley y perjudicar a determinadas personas, ha obtenido una ventaja injusta con respecto al resto de la sociedad que debe ser removida con el castigo.

Una propuesta de este tipo tendría serias dificultades pues no está claro que todo crimen conlleve la obtención de algún tipo de ventaja, ni que todas las ventajas que conllevan los crímenes puedan ser removidas. Por ejemplo, ¿qué ventaja obtiene el conductor negligente que en un momento dado atropella a una persona?

Otra posible respuesta (p.ej. McDermott, 2001) sería decir que en la comisión de un crimen el ofensor crea cierto tipo de deuda moral para con la víctima que solo puede pagarse a través del propio sufrimiento. Como vemos se trata de una visión reminiscente de la idea cristiana según la cual los males deben expiarse a través del sufrimiento. No obstante, así como su antecesor religioso, una respuesta así peca de oscura y no aclara qué hay de deseable en aumentar aún más el sufrimiento existente. En el mejor de los casos, cabría argumentar que con algunos tipos de penas –p.ej. trabajos forzados- el reo tiene la oportunidad de redimirse, de compensar en alguna medida los males que cometió.

Finalmente, destacar una última crítica habitual a la visión retribucionista según la cual “castigar” conlleva un juicio de valor que no le corresponde al Estado que debe limitarse a aplicar la ley con neutralidad ideológica. Hacer Justicia –podría decirse- es cosa de Dios, y no del Estado.

Pero a su vez podría responderse que si bien los Estados deben ser respetuosos y neutrales con respecto a las decisiones y estilos de vida sus ciudadanos, eso no significa que en su hacer deban olvidar los principios y valores morales que esperamos que los definían.

Prevención general

Desde otra perspectiva más pragmatista y movidos por las dificultades anteriores cabría defender que el fin principal de las penas no debe ser ningún tipo de revancha moralizante, sino meramente la prevención. Es decir que la imposición de las penas actúe como una amenaza disuasoria. Como decía Bentham: todo castigo es un mal en sí mismo, y solo debe admitirse para la prevención de un mal aún mayor.

¿Qué duda cabe del atractivo de una posición así? Sin embargo, quizás para la sorpresa de muchos, las dificultades que afronta una visión consecuencialista de este tipo son mayúsculas y ya en tiempos de Bentham fueron destacadas.

Por ejemplo, un enfoque así permitiría la condena de inocentes pues, en cuanto a disuasión, poco importa si el reo ha cometido realmente el crimen mientras la sociedad así lo crea. Es decir, disuade en la misma medida encarcelar a un culpable que encarcelar a un inocente, siempre que el público en general crea que ambos son culpables. Luego, desde una visión puramente preventiva, tan justificado estaría el penar a un culpable como el penar a un inocente.

Además, por la misma razón, (y como sucedía en el medievo) quedarían justificadas penas desproporcionadas y brutales pues ¿quién cometería un pequeño robo si corre el riesgo de ser quemado en la plaza pública?

Esta clase de problemas lleva típicamente a adoptar una visión mixta sobre la pena. Es decir, a introducir en la visión preventiva cierto elemento retribucionista. Así las cosas, las penas solo se justifican por los males que eviten (prevención), pero solo pueden recaer de forma proporcional (retribución) sobre culpables, es decir, personas que lo merezcan (retribución).

Este enfoque mixto es muy habitual y razonable pero tampoco es perfecto. Por ejemplo, imaginemos una clase de delitos la comisión de los cuales no pudiese ser disuadida de ninguna manera. Imaginemos cierto tipo de terrorismo suficientemente fanático como para no verse amedrentado por ninguna amenaza estatal. Es decir, una clase de terrorismo que solo lo cometen personas tan convencidas que ninguna amenaza estatal evitará que cesen en su hacer. ¿Significaría eso que si se atrapase a los responsables de un gran ataque terrorista entonces no sería necesario penarlos de ninguna manera?

En una línea similar, pero de forma más abstracta, cabría objetar que lo que pretende la visión preventiva es instrumentalizar o cosificar al delincuente, pues lo usa –a él y a su sufrimiento- como una medida disuasoria para terceras personas. Es decir, desde posturas retribucionista cabe argumentar que el motivo decisivo para hacer sufrir a alguien con una pena debe ser única y exclusivamente el merecimiento, y no los beneficios que eso reporte para terceras personas (ver p.ej. Murphy 1973).

Prevención especial

En línea con la sensibilidad anterior, y normalmente como complemento, aparece modernamente la idea de la reinserción, que entiende que el fin de las penas debe ser procurar que el criminal no reincida a través de un programa de educación, con la intención de darle a todo el mundo “una segunda oportunidad”.

Ciertamente tiene todo el sentido procurar que las personas que delinquieron no lo vuelvan a hacer y más si es a través de un método pacífico como es la educación. No obstante, como cualquiera de sus predecesores, esta visión -al menos por sí misma- también conlleva consecuencias muy discutibles. Según esta visión a un crimen terrible podría acompañarle una pena insignificante si con eso fuese suficiente para reinsertar totalmente al delincuente. O al contrario, penas que a nivel de prevención general necesitarían ser muy duras no podrían serlo a nivel de prevención especial.

Problemas como estos sugieren nuevamente la necesidad de adoptar una visión mixta que incluya elementos retribucionistas y de prevención general: las penas deben servir principalmente para la prevención especial mediante la reinserción, pero siempre que la pena cumplida guarde una mínima proporción con el delito cometido y siga teniendo un efecto disuasorio suficiente.

Sin embargo, existiría otro problema más persistente relativo a la igualdad. Podría suceder que dos personas que hubiesen cometido el mismo crimen cumpliesen sin embargo condenas muy distintas porque uno se hubiese “re-educado” muy rápido y el otro no.

Finalmente es interesante destacar cierto elemento paradójico en esta visión. Según como podría parecer que la sociedad “pone la otra mejilla” con respecto al infractor pues no solo se ve obligada a soportar cierto ataque –el crimen- sino que además se ve obligada a “obsequiar” al reo con una mejor educación –a cuenta de los presupuestos públicos.

Naturalmente cabría responder que invertir en la reinserción del delincuente no tiene más fin que evitar males futuros –como quien invierte en más policía- y que poco importa si el delincuente se beneficia de ello. Es más, desde una sensibilidad marxista cabría argumentar que la sociedad siempre tiene cierta culpa en la comisión de los delitos y de allí su deber agravado de ayudar al criminal al que ha empujado a la delincuencia.

LAS FUNCIONES DE LAS PENAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

A primera vista la terminología usada por el viejo Código Penal (CP) español sugiere una fuerte visión retributiva. Así nuestro código habla continuamente de ‘castigar’ con esta o aquella pena a quien cometa determinado delito.

No obstante, lo cierto es que tanto dentro como fuera del CP se encuentran motivos para pensar que la retribución no es la única función del sistema de penal ni tampoco la más importante.

Por citar solo algunos ejemplos, pensemos en las siguientes instituciones penales que evidencian que el CP no solo tiene en cuenta la función retributiva, sino que aplica y modula las penas en atención a criterios de prevención general y especial:

  • Pensemos en los beneficios penitenciarios por los que cosas tales como el buen comportamiento reducen la pena a cumplir. Solo desde una visión enfocada a la reinserción cabría entender una medida así.

  • Pensemos en la llamada “condena condicional” que encontramos en los artículos 80 y siguientes. En ellos se permite la suspensión de la pena para delitos con penas de prisión de menos de 2 años. Esto es así porque se entiende que en los casos en que el delincuente no sea peligroso lo más preventivo a nivel especial es no hacerlo ingresar en prisión, un caldo de cultivo para la criminalidad.

  • Pensemos en la prescripción del delito o de la pena (art. 130.6 y 7), que permite que pasado cierto tiempo, la responsabilidad penal (de casi todos los delitos) se extinga. Se considera que pasado cierto tiempo “no vale la pena” castigar a alguien pues con ello no se gana en prevención de ningún tipo.

  • Pensemos en el efecto atenuante de la confesión de un delito del art. 21.4 CP (realizada por el culpable antes de conozca que un proceso penal lo persigue). Entre otras razones se considera que es preferible rebajar “el castigo que uno se merece” si con ello se gana en eficacia penal.

De hecho, aunque muchos de ellos no estén positivizados, lo cierto es que el derecho penal español se rige por principios incluso contrarios a la función retributiva. Así se habla de los interconectados principios de utilidad, subsidiariedad y fragmentación que prescriben limitar la actuación penal a las infracciones más peligrosas, de la forma menos lesiva, y solo cuando sea útil para evitar un mal mayor.

Pero más allá de estas –y muchas más- referencias que implícitamente evidencian los diversos fines que informan el CP, podemos hacer referencia a la Constitución Española y a la Ley General Penitenciaria:

  • La CE nos dice en su art.25.2 que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social”.

  • La LGP nos dice en su art.1 que “Las Instituciones penitenciarias… tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social…”.

¿QUÉ TIPOS DE PENAS SON MORALMENTE ACEPTABLES?

La respuesta que demos a esta pregunta dependerá en gran medida del fin que le hayamos atribuido a las penas. Por ejemplo, si alguien considerase que la reinserción es fundamental no podrá aceptar penas que impidan que alguien regrese a la sociedad.

Podríamos empezar por preguntarnos provocativamente por el conocido “ojo por ojo” de la vetusta Ley del Talión. ¿Qué hay que decir al respecto?

En primer lugar deberíamos notar que habrá crímenes para los que no habrá equivalencia posible. Por ejemplo, quien mate a dos personas no podrá morir dos veces. Y, en segundo lugar, y quizás más importante, notar que el “ojo por ojo” conlleva una política penal especialmente sangrienta, lo que lleva a muchos a desecharla totalmente.

Sin embargo, cabría preguntar: ¿es realmente criticable el “ojo por ojo”? Si asumimos que las penas deben ser proporcionales, qué problema habría con una estricta aplicación del “ojo por ojo”. ¿Qué habría de más proporcional que eso? Es decir, por qué debería ser mejor penar proporcionalmente el crimen X con Y años de prisión, que penar proporcionalmente el crimen X con la misma acción X. Si la acción X y los Y años de prisión son igual de gravosos –de ahí que Y sea la respuesta proporcional a X- ¿por qué es mejor aplicar Y sobre X? ¿Hay alguna diferencia moral en ello o se trata de una diferencia meramente estética?

Es más, ¿es que acaso pueden compararse peras con manzanas? Es decir, ¿cómo es que cierta cantidad de dinero o prisión son el equivalente universal a cualquier tipo de crimen? ¿De verdad se estará siendo proporcional al traducir cualquier tipo de delito a solo dos o tres tipos de penas?

Una posible respuesta a estas preguntas sería decir que una estricta aplicación del “ojo por ojo” implicaría “rebajarse al nivel del criminal”. No obstante, una respuesta de este tipo tendría implicaciones quizás mayores de las deseadas. Por ejemplo, si no fuese admisible imponer penas que implicaran “rebajarse al nivel del criminal” entonces no se podría imponer una multa al ladrón, o encarcelar al secuestrador, pues estaríamos reproduciendo exactamente sus mismas conductas y por ende “poniéndonos a su nivel”.

Lo mismo puede decirse con relación a las controvertidas cadena perpetua y pena capital. Si las penas deben ser proporcionales ¿por qué no debería matarse al que matase?

Quizás lo más atractivo sería una postura mixta o intermedia que aceptase el deber de proporcionalidad sin olvidar que toda pena –por merecida que sea- es un mal, por lo que en algunos casos excepcionales será preferible perder en proporcionalidad antes que cometer según qué atrocidades.

¿QUÉ TIPOS DE PENAS SON LEGALMENTE ACEPTABLES?

El derecho penal español incluye, además de las conocidas penas de multa y de prisión muchos otros tipos de penas. En el art.39 CP y siguientes se detalla todo tipo de penas privativas de derechos varios como son inhabilitaciones para cargos públicos y empleos, la retirada del permiso de conducción y de la tenencia de armas, la privación del derecho a residir o acudir a determinados lugares, la obligación de realizar trabajos en beneficio de la comunidad etc.

En términos más generales es importante destacar los principios que informan este aspecto del derecho penal. En primer lugar destaca el principio de humanidad de las penas que aparece en la Ilustración de la mano de autores como Beccaria y prescribe el suavizar la reacción penal del Estado y el máximo respeto a la integridad física, psíquica y moral del reo. Así se han ido aboliendo a lo largo de la historia española las penas corporales, la cadena perpetua –que ahora renace con la tan criticada “cadena perpetua revisable”- y la pena de muerte –que la Constitución en su art.15 solo acepta en tiempos de guerra- a la vez que –en términos históricos generales- se tiende a la suavización de las penas.

En segundo lugar, no puede olvidarse el principio de proporcionalidad que obliga a que las penas guarden cierta relación con la gravedad de los delitos que castigan.

Finalmente, destaca también el principio de resocialización que obliga a orquestar las medidas educativas necesarias para otorgarle al preso (¡que así lo desee!) una segunda oportunidad en la sociedad, a la vez que se prohíben las penas que lo hiciesen imposible.

#CódigoPenal #Legalidad #Cadenaperpetua #Penademuerte #Penasydelitos

Buscador

Entrevistas

Qué opinan las voces más destacadas sobre los asuntos más candentes.s

Series

Diversos temas tratados con mayor profundidad y extensión en formato de series de artículos monotemáticos

colabora.jpg

¿En desacuerdo con este artículo?

Si quieres quieres criticar o complementar este texto, si no compartes su perspectiva, no lo dudes, haznos tu propuesta a la redacción.

Revista Libertalia

Filosofía y Humanidades

  • Twitter - Revista Libertalia
  • Facebook - Revista Libertalia
  • LinkedIn - Revista Libertalia
  • SoundCloud - Revista Libertalia

Revista Libertalia es un proyecto sin ánimo de lucro ni línea editorial centrado en la filosofía y las humanidades.

 

Nuestro objetivo es promover la reflexión seria y profunda entre gente joven de dentro y fuera de la academia, tratando los diversos temas de forma compleja, pero con un lenguaje claro y directo.

 

Si estás interesado en colaborar con nosotros no lo dudes, enviándonos tus textos; nuestro equipo estará a tu disposición para acompañarte en el proceso de edición y publicación;  o bien ayudándonos a financiarnos a través de Patreon. 

Recibe la Newsletter